La respuesta del gobernador de Sinaloa a la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York no es una defensa jurídica, sino una declaración de guerra ideológica que utiliza la Constitución como escudo político. En Más Contexto detectamos una maniobra de repliegue táctico: al elevar una imputación criminal por narcotráfico al rango de “ataque a la soberanía”, Rocha Moya busca forzar al Gobierno Federal a protegerlo para evitar una grieta en la narrativa de la Cuarta Transformación.
Rubén Rocha Moya ha rechazado de forma tajante y absoluta las acusaciones lanzadas por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. La tesis del mandatario es simple pero incendiaria: las pruebas de colusión con “Los Chapitos” no existen y el proceso judicial estadounidense es, en realidad, una herramienta de intervención política diseñada para desestabilizar el orden constitucional mexicano.
El blindaje del Artículo 40 y la narrativa del asedio exterior
Para el gobernador, la apertura de este caso no responde a una investigación criminal técnica, sino a una “perversa estrategia” que atenta contra la soberanía nacional estipulada en el artículo 40 de la Constitución. Nuestra lectura es que el mandatario sinaloense está apostando el todo por el todo al nacionalismo para desviar la atención de los detalles técnicos de la acusación. Al etiquetar la acción de la fiscalía de Nueva York como una calumnia sin sustento, Rocha Moya traslada la carga de la prueba a un terreno donde la veracidad importa menos que la lealtad política.
En Más Contexto hemos rastreado cómo el uso de la soberanía como defensa legal suele ser el último recurso de los liderazgos cuando el cerco judicial extranjero se vuelve asfixiante. Esta retórica no busca convencer a los jueces en Manhattan, sino movilizar a la base social de la Cuarta Transformación bajo la premisa de que un ataque contra él es un ataque contra el proyecto de nación y sus liderazgos emblemáticos.
El círculo político de Sinaloa bajo fuego cruzado
La acusación de Clayton y Cole no solo apunta a la cabeza del Ejecutivo estatal, sino que extiende su manto sobre funcionarios clave de su círculo íntimo. El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que la estructura de poder en Sinaloa ha servido como un facilitador logístico para la distribución de narcóticos.
Nos preocupa que la respuesta de Rocha Moya omita responder a los señalamientos específicos de sus colaboradores, prefiriendo un discurso de “valor y dignidad” que poco ayuda a esclarecer la operatividad institucional en el estado. Consideramos que la estrategia de defensa centrada en la “soberanía” deja en el desamparo técnico a los sinaloenses, quienes quedan atrapados entre una acusación internacional de alto calibre y un gobierno estatal que se declara en resistencia política.
La contundencia que promete el gobernador para demostrar la falsedad de las imputaciones tiene un reloj de arena en contra. Mientras el proceso en la corte de la jueza Katherine Polk Failla avanza con el rigor del sistema anglosajón, la defensa en X (antes Twitter) se percibe como un paliativo temporal para una crisis de legitimidad que ya cruzó la frontera.