El Poder Judicial sepulta el amparo ambiental contra el proyecto Perfect Day, permitiendo el desmonte de selva tras una cuestionable maniobra jurídica del gobierno de Quintana Roo.

Lo que realmente nos inquieta en MÁS CONTEXTO es la elasticidad de los criterios judiciales cuando hay mil millones de dólares sobre la mesa. Tras analizar el fallo, la conclusión es clara: la justicia federal ha priorizado un tecnicismo administrativo sobre un criterio de Plenos Regionales, dejando a la selva maya de Mahahual sin su última línea de defensa legal frente al turismo de masas.

El veredicto que anula la resistencia ambiental

Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo han ordenado desechar la demanda de amparo interpuesta por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). El argumento central fue la supuesta “extemporaneidad” del recurso. Los magistrados determinaron que la asociación disponía de solo 15 días para impugnar la modificación al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, ignorando el plazo de 30 días que rige para reformas de ley o actos de interés general según los criterios obligatorios del Poder Judicial de la Federación.

En MÁS CONTEXTO hemos rastreado cómo este desvío del criterio judicial estándar beneficia directamente a la trasnacional Royal Caribbean. Al calificar la modificación del PDU como un “simple acto de autoridad”, el tribunal cerró la puerta a la discusión de fondo: la destrucción de un ecosistema costero frágil para dar paso a un parque acuático de dimensiones industriales.

El entramado de intereses en el gobierno de Mara Lezama

La intercesión del gobierno de Quintana Roo a favor de la empresa extranjera no es una coincidencia, sino un despliegue de ingeniería legal encabezado por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Bajo la titularidad de José Alberto Alonso Ovando —exfuncionario del hoy preso Roberto Borge—, la dependencia impugnó la admisión inicial de la demanda ambiental hasta lograr su revocación definitiva.

Nuestra lectura es de absoluta cautela frente a la narrativa de “progreso” estatal: el proyecto Perfect Day arrastra un origen viciado por la falta de consulta pública y un evidente conflicto de interés. Ari Adler Brotman, representante de la transnacional, operaba como funcionario en el gabinete de Mara Lezama hasta mediados del año pasado. Aunque la empresa niega irregularidades apelando a la experiencia privada de Adler, el puente entre la oficina gubernamental que otorga permisos y la dirección del proyecto trasnacional es demasiado corto para ser ignorado.

Los costos ocultos de una inversión de mil millones

• Ausencia de consulta: La modificación del PDU se cocinó entre el ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Sedetus sin escuchar a los habitantes de Mahahual.
• Fragilidad ecosistémica: Ambientalistas advierten que trasladar el modelo de turismo masivo de Cancún al sur del estado colapsará los arrecifes y selvas locales.
• Criterios de conveniencia: La abogada Antonella Vázquez Cavedon denuncia que el Poder Judicial actúa como un “ring” donde se expulsa a los defensores por tecnicismos antes de iniciar el combate.

El futuro de Mahahual bajo el dominio de los cruceros

Con este fallo inapelable, Royal Caribbean tiene vía libre para tramitar sus permisos ante la Semarnat. La gobernadora Mara Lezama ha promocionado Perfect Day como el motor económico de Chetumal y sus alrededores, pero la realidad operativa sugiere una captura corporativa del territorio. La sustitución de selva virgen por toboganes y concreto no es desarrollo; es la canibalización de los recursos naturales en favor de una derrama económica que pocas veces permea hacia las comunidades locales de manera equitativa.

Nuestra lectura es que la justicia ambiental en México ha dejado de ser una garantía pedagógica para convertirse en un obstáculo administrativo que los grupos de poder saben sortear con ayuda de funcionarios reciclados. La selva de Mahahual ya no se defiende en los tribunales, pues estos han decidido cerrar los ojos ante el peso de las chequeras internacionales.

[Perspectiva Más Contexto]

Nuestra apuesta es que este fallo sentará un precedente nefasto para otros proyectos en el corredor sur de Quintana Roo, donde la protección ambiental será sacrificada sistemáticamente en el altar de la inversión extranjera. El blindaje judicial otorgado a Royal Caribbean demuestra que, en la actual administración, el desarrollo económico no admite contrapesos ciudadanos. Prevemos que, ante el cierre de los tribunales nacionales, el conflicto escalará a organismos internacionales, pero para cuando llegue una resolución externa, las máquinas ya habrán terminado con lo que queda de selva en Mahahual.