El registro obligatorio de líneas móviles en México enfrenta un rechazo contundente. La industria denuncia costos operativos millonarios y fallas de seguridad, evidenciando un sistema que traslada riesgos sin garantizar protección efectiva a los usuarios.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta profundamente cómo el registro obligatorio de líneas móviles se ha convertido en una imposición que traslada costos y riesgos a la industria sin ofrecer una garantía tangible de seguridad para los ciudadanos. Hemos detectado una grieta crucial en la estrategia gubernamental, una que prioriza el cumplimiento formal sobre la eficacia operativa y la protección de datos.

La tensión entre reguladores y operadores se agudiza

El Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) han impulsado una medida que, lejos de ser unánimemente aceptada, ha generado un profundo cuestionamiento dentro de la industria. Los operadores consideran que esta disposición ha disparado los costos operativos sin que se observe una correlación directa con una reducción de las vulnerabilidades en la seguridad digital. La situación actual, según nuestro análisis, no solo repercute en los márgenes de operación, sino que está fracturando la relación entre las autoridades y los actores del sector.

Ernesto Piedras, director general de The CIU, ha señalado que “el conflicto está comenzando a tensar la relación entre autoridades y operadores, quienes ya consideran que el gobierno está trasladando costos, riesgos operativos y desgaste reputacional a la industria sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”. Esta percepción subraya una problemática mayor: la industria se siente utilizada como un brazo ejecutor de una política que no ha sido suficientemente blindada en sus fundamentos técnicos y de seguridad.

Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a más de veinte prestadores de este servicio, ha recordado que el primer trimestre ya mostró una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios, lo que sugiere un impacto directo en la dinámica del mercado. “Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría. El registro tal y como está tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y al mismo tiempo están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, sentenció De Swaan Addati, manifestando una postura radical ante la ineficacia del esquema actual.

Un sistema de validación con boquetes de seguridad evidentes

La alarma principal que emite la industria se centra en la ausencia de datos biométricos en el esquema. Esta omisión, a nuestro juicio, debilita de forma crítica cualquier pretensión de validación de identidad robusta. El modelo vigente se limita a una selfie o foto para los registros remotos; para trámites presenciales, la presentación de una identificación y el CURP es suficiente, eliminando así el único elemento que podría certificar inequívocamente la identidad del usuario.

“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, advirtió el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Esta observación resalta la divergencia entre la voluntad política y la viabilidad técnica, un factor que, en MÁS CONTEXTO, consideramos crucial para el fracaso de cualquier estrategia de seguridad. La industria, a su vez, percibe que las advertencias técnicas son ignoradas, avanzando con un esquema que amenaza con infligir daños económicos, especialmente a Operadores Móviles Virtuales (OMV), cuya operativa se basa en la agilidad de procesos y una alta rotación de clientes de prepago.

El pesado costo de una promesa incumplida

La implementación de este registro obligatorio representa una carga económica considerable: los operadores asumirán más de 4 mil millones de pesos. El rubro de mayor gasto corresponde a la validación de identidad de los usuarios, un proceso que demanda el desarrollo de plataformas tecnológicas complejas, sistemas de consulta, mecanismos de autenticación avanzados y la infraestructura necesaria para el almacenamiento seguro de información de más de 160 millones de líneas móviles.

Según los reportes de la CRT, apenas 22 millones de pesos se destinarán a la plataforma central, mientras que los restantes 4 mil millones de pesos recaerán directamente en operadores líderes como Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, además de los OMV, quienes se verán forzados a contratar servicios mayoristas para cumplir con la regulación. Nosotros vemos con preocupación que, lejos de ser una medida protectora, este esquema se perfila como un formidable costo de transferencia, donde la industria asume el riesgo sin la certeza de un retorno real en seguridad ciudadana.

El lento avance que desafía la fecha límite

El esquema actual no solo genera preocupaciones económicas y de seguridad, sino que su implementación avanza a un ritmo alarmantemente lento. Se incide en que incumple con los estándares y objetivos establecidos en los acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y trazabilidad de líneas telefónicas. Un experto señaló que, si bien la demanda en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos es “totalmente lógica”, el problema radica en que “desde México no se está haciendo bien”.

La preocupación es palpable: se prioriza el cumplimiento de un requisito formal antes que la construcción de un esquema sólido, interoperable y con garantías reales de protección de datos. “Si bien no creo que el gobierno tenga interés en espiarnos, yo insisto en que el esquema de vincular la herramienta más importante de los mexicanos debe ser un proceso muy cuidadoso (…) Sólo queremos que el gobierno tenga la madurez para aceptar que este no es el camino y que tampoco es extender el plazo de registro de líneas móviles o dar una prórroga”, se añadió, subrayando la urgencia de una reconsideración profunda.

Hasta el 19 de abril, la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, informó que se habían registrado 30.2 millones de líneas, lo que representa apenas el 18.9 por ciento del total de más de 160 millones de líneas existentes en el país. El avance por operador muestra disparidades significativas: mientras AT&T, visiblemente afectado por el registro de líneas, reporta un progreso del 29 por ciento, y Bait del 28 por ciento, empresas como Telcel apenas alcanzan el 19 por ciento y Movistar el 16 por ciento, lo que evidencia distintos niveles de adopción entre los usuarios y una resistencia subyacente. La propia Norma Solano reconoció que el promedio diario de registros es de entre 320 mil y 352 mil líneas, muy por debajo de los 1.5 millones de líneas diarias necesarios para cumplir con la totalidad del padrón antes de la fecha límite del 30 de junio. En MÁS CONTEXTO, consideramos que la omisión de datos biométricos y la priorización de un enfoque político sobre uno técnico constituyen una abdicación de la responsabilidad de blindar verdaderamente la seguridad, dejando al descubierto a millones de usuarios.

Desde MÁS CONTEXTO, advertimos que la insistencia en un registro deficiente no solo seguirá lastrando la vitalidad del ecosistema móvil, sino que consolidará un precedente peligroso donde la imposición prevalece sobre la eficacia. El gobierno debe reconocer la inviabilidad técnica actual y abrir un diálogo genuino con la industria para construir un esquema que sí garantice la seguridad sin sacrificar la operatividad. De lo contrario, la fecha límite del 30 de junio será solo un hito en el fracaso de una política pública mal concebida.