El líder de Morena en la Cámara de Diputados ha validado la propuesta del INE para postergar de 2027 a 2028 la segunda elección de juzgadores del Poder Judicial, una medida que, según estimaciones, generaría un ahorro de 2 mil millones de pesos y abriría la puerta a la modificación de reglas electorales para su blindaje.

Tras cruzar los datos, nuestra postura es que la aparente flexibilidad en la elección judicial, disfrazada de eficiencia presupuestal, esconde una negociación de alto riesgo para la autonomía del Poder Judicial y la integridad de su selección. Nos inquieta que la premura por una reforma constitucional pueda institucionalizar prácticas que debilitan el proceso democrático.

Monreal valida la postergación de la elección judicial

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, ha manifestado su acuerdo ante consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con la propuesta de posponer un año la segunda elección de juzgadores del Poder Judicial, trasladándola de 2027 a 2028. El diputado calificó la iniciativa de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, como “positiva”. Dicha propuesta fue entregada formalmente a la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo.

La oportunidad de modificar las reglas y erradicar los ‘acordeones’

Monreal no solo respaldó la postergación, sino que también sugirió una ventana de oportunidad única: “si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados acordeones”. Desde su perspectiva, estas modificaciones son viables y deberían enfocarse en los consejos de selección de aspirantes, los requisitos exigidos a los candidatos y el rol que la carrera judicial, a través de la escuela del Poder Judicial, debe jugar en la selección de jueces. Nuestra lectura es que este ahorro, aunque numéricamente atractivo, no debe justificar una merma en la calidad o equidad del proceso de selección judicial, priorizando lo económico sobre la legitimidad democrática.

El costo de la prisa: 2 mil millones de pesos y el ultimátum del 3 de junio

Aunque la decisión de convocar a un periodo extraordinario de sesiones recae exclusivamente en los diputados, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, secundó la urgencia planteada por Monreal: definir la convocatoria a más tardar el miércoles, dado que “los tiempos se agotan”. Taddei estimó que la postergación de la elección judicial implicaría un ahorro de aproximadamente 2 mil millones de pesos. Además, coincidió en la necesidad imperante de aprobar la reforma al Poder Judicial “antes del 3 de junio”, una fecha crítica, pues al tratarse de una reforma constitucional, requiere la ratificación de los Congresos locales.

INE advierte: Sin reforma, se mantendrán las “guías de votación”

La presidenta del INE fue categórica al advertir sobre las implicaciones de no cumplir con el plazo: “si para el 3 de junio no tenemos nosotros esta respuesta, habremos de preparar, operativamente, todo como está ahorita la ley”. No existe un “plan B”. Esto significa, según Taddei, que se pueden mantener los “acordeones”, los cuales describió como “guías de votación” o “prácticas para la votación, por la cantidad de candidatos y votaciones”. Consideramos que la aceptación de estas “guías de votación”, lejos de ser una práctica operativa, es una fisura en la independencia del voto ciudadano y un vector de manipulación para la composición del Poder Judicial.

La complejidad operativa detrás de la propuesta del INE

Taddei, junto a ocho consejeros y la secretaria ejecutiva Claudia Espino, entregó un extenso documento de 192 cuartillas al Congreso. Este informe detalla “diversas complejidades de carácter normativo, operativo, logístico, tecnológico y presupuestal” que surgen de la concurrencia del proceso electoral ordinario con el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. El documento subraya que estas complejidades impactan directamente en las actividades de planeación, coordinación institucional, integración de órganos electorales, capacitación, producción y distribución de documentación y materiales, operación de sistemas informáticos, así como el desarrollo de la jornada electoral y los cómputos. Por ello, y “para garantizar condiciones óptimas para la organización y desarrollo de ambos procesos”, el INE propone al Congreso “las reformas constitucionales y legales correspondientes”.

Desde MÁS CONTEXTO, observamos que la aparente solución de la postergación, vinculada a un ahorro presupuestal y la promesa de reformar las reglas, esconde la inminencia de una decisión crítica. Si el Congreso no actúa antes del 3 de junio, la elección judicial operará bajo las reglas actuales, perpetuando el uso de “acordeones” que vulneran la autonomía del voto y la independencia del Poder Judicial. Advertimos que esta negociación de tiempos y procedimientos es un termómetro de la voluntad política para construir un Poder Judicial robusto o, por el contrario, abrirlo a injerencias disfrazadas de eficiencia.