La Secretaría de Anticorrupción inhabilitó a tres funcionarios del Banco del Bienestar por retiros no autorizados y a uno del SAT por irregularidades en citas, revelando fallos sistémicos en la custodia de fondos públicos y servicios esenciales.
En MÁS CONTEXTO nos inquieta la recurrencia de la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias, incluso en instituciones destinadas a la asistencia social. Hemos detectado una grieta en la vigilancia interna que va más allá de actos aislados.
Descubriendo el rastro de los retiros sin aval
Tres funcionarios del Banco del Bienestar han recibido una inhabilitación de 10 años, según informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta sanción surge tras una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la misma institución, la cual acreditó retiros no autorizados de cuentas de cuentahabientes por un monto superior a 275 mil pesos. Los implicados son Juan D., quien fungía como exsubjefe de área; Orlando P., exauxiliar de sucursal; y Marco M., exasistente administrativo. A la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público se suman multas individuales que oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.
Nuestra lectura es que estas inhabilitaciones, aunque necesarias, señalan una debilidad estructural en los controles de acceso a las cuentas bancarias de los beneficiarios más vulnerables.
El Banco del Bienestar es un eje central en la distribución de apoyos sociales del Gobierno de México, abarcando a adultos mayores, mexicanas de 60 a 64 años y madres solteras trabajadoras, entre otros grupos, lo que agrava la gravedad de estas irregularidades.
El entramado de citas irregulares en el SAT
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también ha informado sobre la inhabilitación de otro funcionario, esta vez del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Víctor R., exsubadministrador de Servicio al Contribuyente, fue inhabilitado por un año debido a una falta considerada menor. La investigación del Órgano Interno de Control reveló que el exfuncionario asignó citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no figuraban en el portal oficial de la institución.
La omisión deliberada de la dependencia al no aclarar el beneficio económico de Víctor R. genera más interrogantes que respuestas sobre la profundidad de la trama.
La batalla contra la corrupción es una exigencia cívica
La dependencia enfatizó que “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos”. Los nombres de los funcionarios sancionados serán publicados en el portal de Servidores Públicos Sancionados, gestionado por la misma secretaría. La dependencia, bajo la dirección de Raquel Buenrostro, instó a la ciudadanía a denunciar irregularidades de funcionarios públicos a través del portal sidec.buengobierno.gob.mx. Se advierte con firmeza: “Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno también tiene la potestad de sancionar a empresas que incumplan procesos de licitación. En cualquiera de los casos, los sancionados poseen el derecho de impugnar las resoluciones, aunque la institución defenderá sus dictámenes con la misma firmeza con la que se llevaron a cabo las investigaciones.
Este patrón de desvío y tráfico de influencias exige una auditoría exhaustiva no solo de los procesos, sino de la cultura institucional. Es imperativo que las sanciones no se queden en expedientes, sino que sirvan como precedente para una verdadera depuración. En MÁS CONTEXTO, proyectamos que la confianza pública seguirá erosionándose si estos casos no se atajan con mayor contundencia y transparencia.
