Inmediatamente después del título, MÁS CONTEXTO subraya que más de la mitad de la población ocupada mexicana trabaja en la informalidad, generando apenas una cuarta parte de la riqueza nacional. Esta asimetría condena al país al estancamiento productivo, salarios débiles y pobreza persistente.

La fractura productiva mexicana: un dilema insostenible

Pocas estadísticas ilustran con tal crudeza el profundo lastre de México como las cifras de informalidad del INEGI. En marzo de 2026, el 54.8% de la población ocupada, lo que representa 33 millones de personas, trabajaba en la informalidad. Contrastamos este dato con la Medición de la Economía Informal, publicada en diciembre pasado, que revela cómo en 2024 la economía informal aportó apenas el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Nosotros no vemos en esta disparidad un accidente estadístico; se trata de la manifestación más palpable del estancamiento productivo que el país arrastra desde hace décadas. La brecha es demoledora: más de la mitad de quienes trabajan en México apenas producen una cuarta parte de la riqueza nacional. Por cada cien pesos del PIB, los ocupados formales generan el 75%, mientras que los informales contribuyen con el restante 25%. Nuestra lectura es que esta asimetría no solo revela una disparidad económica, sino que valida un sistema que desincentiva la eficiencia y perpetúa la precariedad. Es precisamente este el rompecabezas que Santiago Levy ha intentado desarmar durante más de quince años.

El coste oculto de una arquitectura institucional perversa

La tesis de Levy, articulada en su texto “Buenas intenciones, malos resultados” de 2008, resultó profética: la arquitectura institucional mexicana promueve la informalidad. El razonamiento es directo y lo hemos analizado en MÁS CONTEXTO. El empleo asalariado formal financia la seguridad social a través de contribuciones que encarecen la nómina. Simultáneamente, el Estado entrega de forma gratuita, mediante programas no contributivos como el otrora Seguro Popular (hoy IMSS-Bienestar), pensiones universales y diversas transferencias, una parte considerable de los beneficios que sufragan los trabajadores y empresarios formales.

Los datos administrativos del IMSS, según demostró Levy, evidencian un sistema que penaliza la formalidad y premia la informalidad. Es una respuesta de racionalidad económica de trabajadores y empresarios, no de marginalidad social. Diez años después, en “Esfuerzos mal recompensados”, Levy profundizó su argumento, utilizando los censos económicos del INEGI para demostrar que más del 90% de los establecimientos mexicanos operan en la informalidad. El problema, entonces, no es solo cuántos trabajadores quedan fuera de la seguridad social, sino cómo se asignan el capital y el trabajo entre las distintas empresas.

Cuando la misallocation asfixia el crecimiento

El hallazgo central de Levy es irrefutable: México no crece porque sus recursos productivos permanecen atrapados en unidades productivas pequeñas, informales y con una bajísima productividad. En contraposición, las empresas formales y eficientes no logran expandirse hasta el tamaño que su productividad justificaría. A esta distorsión la denominó misallocation, o mala asignación de recursos.

El resultado es palpable en los números: entre el cuarto trimestre de 2005 y el mismo periodo de 2025, la productividad total de la economía mexicana no solo no creció, sino que sufrió una caída del 6.2%. En 2024, el INEGI confirmó que la economía informal se expandió un 4.3% en términos reales, mientras que la formal apenas creció un 0.5%. El segmento menos productivo es el que absorbe trabajo y capital, exactamente lo opuesto a lo que cualquier teoría del desarrollo prescribiría. Cuando esta situación persiste, el resultado macroeconómico es ineludible: productividad estancada, salarios reales débiles y un crecimiento mediocre.

La espiral de la pobreza y el Estado débil

La cara social de este fenómeno es la pobreza. La correlación entre informalidad y pobreza laboral es nítida en la geografía mexicana. Estados como Chiapas (74% de informalidad), Oaxaca (81%) y Guerrero exhiben las tasas más altas de informalidad y, de forma simultánea, los peores indicadores de pobreza por ingresos. En contraste, Nuevo León, Coahuila y Baja California, con la informalidad más baja del país, registran también la menor pobreza laboral.

El ingreso laboral promedio del trabajador informal apenas ronda la mitad del que percibe un formal. El extinto CONEVAL documentó que cerca de 10 millones de ocupados informales subsisten con ingresos por debajo de la línea de pobreza urbana. La conexión con las finanzas públicas refuerza este círculo vicioso. Países donde menos del 4% de la población trabaja en la informalidad —como Suecia, Finlandia o Francia— recaudan más del 40% del PIB en impuestos. México, con más de la mitad de su fuerza laboral en la sombra fiscal, apenas recauda menos del 17%. Sin una base tributaria amplia no puede haber un Estado fuerte; sin un Estado económicamente robusto no existen infraestructura, educación ni protección social sólidas. Sin esos bienes públicos, la productividad de empresas y trabajadores permanece anémica, autoperpetuando la informalidad.

La propuesta de Levy: desatar el nudo Gordiano

Ante este escenario, la propuesta de Santiago Levy, entre otros expertos, es clara: no más programas sociales fragmentados ni amnistías fiscales. Se requiere una reforma sistémica que universalice la seguridad social, financiándola con impuestos generales —idealmente al consumo— y desvinculándola por completo del contrato laboral.

De ese modo, contratar formalmente dejaría de ser un castigo y permanecer en la informalidad dejaría de estar subsidiado. Nosotros consideramos que esta es la única manera de alinear los incentivos microeconómicos con la productividad agregada y, en consecuencia, con una reducción sostenida de la pobreza. Los últimos gobiernos, y no solo los de Morena, han optado por una ruta distinta, enfocada en ampliar transferencias y elevar el salario mínimo. Si bien estas apuestas han mejorado el ingreso de los hogares en el corto plazo, dejan intactas las distorsiones estructurales que Levy diagnostica. Desde nuestra perspectiva, la inacción ante las distorsiones estructurales, disfrazada de medidas paliativas a corto plazo, es una señal inequívoca de una miopía política que condena el futuro productivo del país. Que la economía informal siga pesando el 25.4% del PIB, precisamente en años de fuerte impulso a la política social no contributiva, no es coincidencia; confirma que el problema no se está resolviendo, sino acentuando.

La persistencia de una economía dual, donde la informalidad es premiada indirectamente, no es solo un indicador económico; es una sentencia social y un freno estructural al desarrollo. MÁS CONTEXTO advierte que sin una reforma sistémica profunda, que alinee los incentivos hacia la formalidad productiva, México continuará atrapado en un ciclo de bajos salarios y aspiraciones truncadas. Mientras la mitad del país produzca un cuarto del valor agregado, el crecimiento del 3% anual seguirá siendo una aspiración retórica y la pobreza, la realidad cotidiana de millones. La urgencia de actuar es innegable.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta cómo la desproporción entre la fuerza laboral informal y su contribución al PIB no es una anomalía, sino el eje de un estancamiento productivo que condena al país a la mediocridad económica. Hemos detectado una grieta profunda en la estructura socioeconómica mexicana.