En MÁS CONTEXTO nos inquieta profundamente la brecha entre la población ocupada informal y su contribución al PIB, una distorsión que va más allá de lo estadístico. Hemos detectado una grieta en la arquitectura institucional mexicana que penaliza la formalidad, perpetuando un estancamiento productivo con graves consecuencias.

La informalidad en México es un lastre productivo: más de la mitad de la fuerza laboral genera apenas una cuarta parte del PIB. Esta dislocación sistemática, arraigada en un modelo que castiga la formalidad, impide el crecimiento económico y perpetúa la pobreza.

La paradoja numérica que paraliza a méxico

Las cifras sobre informalidad en México son demoledoras. En marzo de 2026, el INEGI documentó que el 54.8% de la población ocupada, lo que equivale a 33 millones de personas, se desempeñaba en la informalidad. Sin embargo, al contrastar este dato con la Medición de la Economía Informal, publicada en diciembre pasado, descubrimos que en 2024, la economía informal apenas aportó el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta dualidad revela una verdad cruda: más de la mitad de quienes trabajan en México apenas producen una cuarta parte de la riqueza nacional. Por cada cien pesos de PIB, los ocupados formales generan 75 pesos, mientras que los informales contribuyen con solo 25.

Nuestra lectura es que estas cifras no son meras estadísticas, sino el espejo de un modelo económico viciado que desincentiva la creación de valor formal. Esta brecha no es un accidente; es el síntoma más visible del estancamiento productivo que arrastra el país desde hace décadas.

La profecía incumplida: el sistema que castiga al formal

Este rompecabezas, el economista Santiago Levy lleva más de quince años intentando desarmarlo. En su influyente texto de 2008, “Buenas intenciones, malos resultados”, Levy sostuvo una tesis que resultó profética: la arquitectura institucional mexicana, lejos de combatirla, promueve la informalidad. El razonamiento es directo: el empleo asalariado formal financia la seguridad social a través de contribuciones que encarecen la nómina. Al mismo tiempo, el Estado distribuye gratuitamente, mediante programas no contributivos como el otrora Seguro Popular (hoy IMSS-Bienestar), pensiones universales y diversas transferencias, una parte significativa de los beneficios que sufragan los trabajadores y empresarios formales.

El resultado, como Levy demostró con datos administrativos del IMSS, es un sistema que penaliza la formalidad y premia la informalidad. Trabajadores y empresarios responden con racionalidad económica, no con marginalidad.

El coste invisible de la mala asignación: productividad en caída

Diez años después, en “Esfuerzos mal recompensados”, Levy profundizó su argumento. Basándose en los censos económicos del INEGI, reveló que más del 90% de los establecimientos mexicanos son informales. El problema, entonces, no reside únicamente en la cantidad de trabajadores fuera de la seguridad social, sino en cómo se asignan el capital y el trabajo entre las empresas.

Su hallazgo central es contundente: México no crece porque sus recursos productivos permanecen atrapados en unidades pequeñas, informales y de muy baja productividad. Simultáneamente, las empresas formales y eficientes no logran expandirse al tamaño que su productividad justificaría. A esta distorsión la denominó misallocation o mala asignación.

La economía informal absorbe trabajo y capital de forma contraproducente.

El impacto es evidente: entre el cuarto trimestre de 2005 y el mismo periodo de 2025, la productividad total de la economía no solo no creció, sino que experimentó una caída del 6.2%. En 2024, el propio INEGI reportó que la economía informal creció 4.3% en términos reales, mientras que la formal apenas se expandió un 0.5%. El segmento menos productivo es el que está absorbiendo trabajo y capital, exactamente lo opuesto a lo que cualquier teoría del desarrollo prescribiría. Cuando esta situación persiste, el resultado macroeconómico es ineludible: productividad estancada, salarios reales débiles y un crecimiento mediocre.

La cara social y fiscal de un país informal

La pobreza es la cara social ineludible de este fenómeno. La correlación entre informalidad y pobreza laboral es nítida en la geografía mexicana. Chiapas (74%), Oaxaca (81%) y Guerrero exhiben las tasas más altas de informalidad y, al mismo tiempo, los peores indicadores de pobreza por ingresos. En contraste, Nuevo León, Coahuila y Baja California, con la informalidad más baja del país, registran también la menor pobreza laboral. El ingreso laboral promedio del trabajador informal ronda la mitad del que percibe un formal. El extinto CONEVAL documentó que cerca de 10 millones de ocupados informales viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza urbana.

La conexión con las finanzas públicas refuerza este círculo vicioso. Países donde menos del 4% de la población trabaja en la informalidad, como Suecia, Finlandia o Francia, recaudan más del 40% del PIB en impuestos. México, con más de la mitad de su fuerza laboral en la sombra fiscal, recauda menos del 17%.

Un estado sin base tributaria robusta es un estado anémico.

Sin una base tributaria amplia, no hay Estado fuerte; sin un Estado económicamente fuerte, no hay infraestructura, educación ni protección social robustas. Sin esos bienes públicos esenciales, la productividad de empresas y trabajadores se mantiene anémica, y la informalidad se autoperpetúa.

La ruta del cambio: universalizar para formalizar

¿Qué propone Levy, entre otros, como solución? No más programas sociales fragmentados ni amnistías fiscales, sino una reforma sistémica: universalizar la seguridad social financiándola con impuestos generales —idealmente al consumo— y desvincularla del contrato laboral.

De ese modo, contratar formalmente dejaría de ser un castigo y permanecer en la informalidad dejaría de estar subsidiado. Es la única manera, argumenta, de alinear los incentivos microeconómicos con la productividad agregada y, en consecuencia, con la reducción sostenida de la pobreza.

Políticas de atajo: paliativos que profundizan la grieta

Los últimos gobiernos, no solo los de Morena, han optado por una ruta distinta: ampliar transferencias y elevar el salario mínimo. Estas apuestas han mejorado el ingreso de los hogares en el corto plazo, pero dejan intactas las distorsiones estructurales que diagnostica Levy.

Desde MÁS CONTEXTO, observamos que estas políticas, si bien alivian a corto plazo, son un mero vendaje sobre una fractura sistémica que sigue sin atenderse. Que la economía informal pese 25.4% del PIB, precisamente en años de fuerte impulso a la política social no contributiva, no parece una coincidencia; confirma que el problema no se está resolviendo, sino acentuando.

Mientras la mitad del país produzca un cuarto del valor agregado, el crecimiento del 3% anual seguirá siendo una aspiración retórica y la pobreza, la realidad cotidiana de millones.

En MÁS CONTEXTO, nuestra proyección es clara: sin una reforma estructural audaz que desincentive la informalidad y recompense la formalidad, México seguirá atrapado en un ciclo de baja productividad y pobreza persistente. Ignorar las advertencias de economistas como Levy es condenar el futuro del país a una aspiración de crecimiento perpetuamente inalcanzable. Es hora de dejar los paliativos y actuar sobre las causas profundas.