Ariadna Montiel y Claudia Sheinbaum de Morena minimizan la preocupación por las acusaciones de Estados Unidos contra Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, vinculados al Cártel de Sinaloa por narcotráfico y delitos de armas.

La calma de Morena ante la embestida judicial extranjera

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha descartado cualquier preocupación por la entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a Estados Unidos, argumentando que el partido mantiene la tranquilidad. Afirma que sus militantes son honestos y combaten la corrupción, con principios claros contra esta lacra y en favor del trabajo ético de sus gobernantes. Ha sido enfática al asegurar que no se encubrirá a nadie y que la Fiscalía General de la República (FGR) será la responsable de determinar la responsabilidad de cada persona. En una conferencia de prensa ofrecida el 18 de mayo, Montiel reiteró la confianza de Morena en las investigaciones de la FGR y su compromiso de no proteger a nadie si se comprueba su culpabilidad. Subrayó, además, que Morena se mantiene firme en su lucha contra la corrupción y en la transparencia institucional. Nuestra lectura es que esta reiterada confianza en la Fiscalía General de la República, ante una acusación tan específica y transnacional, omite la gravedad del escrutinio al que el partido se somete.

La reacción de Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre Gerardo Mérida y Enrique Díaz, fue concisa al afirmar que “no hay ningún riesgo” para el partido. La dirigencia de Morena, a través de Montiel, confía plenamente en la FGR para establecer si existe alguna responsabilidad de Rubén Rocha Moya o de los otros individuos señalados por Estados Unidos. Ha adelantado que, en caso de que se demuestre, no se encubrirá a nadie, pero ha insistido en varias ocasiones que “no hay preocupación” y, por el contrario, prevalece una “tranquilidad” al interior del partido.

El peso específico de la acusación neoyorquina

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega figuran en una lista de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Las imputaciones por parte de la fiscalía estadounidense son graves, al vincularlos con presuntos nexos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas. La acusación los conecta directamente con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Nos genera escepticismo la despreocupación de la cúpula partidista, pues estas imputaciones no son meras conjeturas, sino cargos detallados en documentos judiciales estadounidenses, que ponen en entredicho el blindaje moral que Morena proclama.

Los tentáculos del narco en la política local, según EE. UU.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados en Estados Unidos, la implicación de los señalados es específica y alarmante. Gerardo Mérida Sánchez es acusado de recibir sobornos que superaban los 100,000 dólares mensuales. Este dinero, según la fiscalía, era entregado a cambio de alertar al cártel sobre inminentes redadas en laboratorios de drogas. Por su parte, Enrique Díaz Vega es señalado por actuar como enlace, y por la entrega de listas con nombres y direcciones de adversarios políticos. El propósito de estas listas era que los individuos fueran intimidados y obligados a retirarse de la contienda electoral del año 2021, lo que implicaría una intromisión directa del crimen organizado en los procesos democráticos.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta la disonancia entre la contundencia de las acusaciones de narcotráfico desde el Distrito Sur de Nueva York contra figuras vinculadas a Morena y la declarada “tranquilidad” de su dirigencia. Hemos detectado una grieta en el discurso de incorruptibilidad que el partido enarbola.

Nuestra proyección es que la “tranquilidad” declarada por la dirigencia de Morena es una postura insostenible a largo plazo. La inercia de las investigaciones desde Estados Unidos, con acusaciones tan detalladas y vinculadas a un cártel de la magnitud del de Sinaloa, ejercerá una presión ineludible sobre la Fiscalía General de la República. El futuro de la credibilidad anticorrupción del partido pende de la capacidad de su sistema judicial para actuar con la misma contundencia que se exige de sus principios fundacionales. El silencio o la negación no harán que estas acusaciones desaparezcan; solo profundizarán la grieta de confianza que hemos identificado.