El senador Enrique Inzunza acudió el 26 de mayo de 2026 a la FGR en Culiacán sin defensa legal, comprometiéndose a defenderse y a no usar su cargo legislativo para evitar las investigaciones de Estados Unidos.
En MÁS CONTEXTO hemos detectado una grieta en la narrativa tradicional sobre la justicia política: la comparecencia de Enrique Inzunza ante la FGR, sin abogado y renunciando explícitamente a su fuero, no es un mero acto procesal; es una declaración de intenciones que desafía las convenciones y recalibra el tablero de la rendición de cuentas.
El martes 26 de mayo de 2026, Enrique Inzunza, integrante de la bancada de Morena en el Senado, se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán. Lo hizo sin el acompañamiento de ningún abogado, una decisión que él mismo calificó como un acto de “auto-defensa legal”. Este gesto, que él describió como actuar “como abogado de mí mismo”, se enmarca en las investigaciones que Estados Unidos ha abierto en su contra, donde se le acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Nosotros observamos que Inzunza no solo se deslindó de la necesidad de una representación jurídica externa, sino que afirmó su determinación de no buscar amparo en su cargo legislativo. Es una renuncia consciente a un privilegio constitucional. Esta postura se ratifica con su declaración indeclinable de atender “este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. Tal afirmación busca proyectar una imagen de adhesión a “la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, confiando plenamente en la integridad de las instituciones mexicanas. Su reaparición, tras no ser visto públicamente desde el 29 de abril —fecha en que Estados Unidos solicitó su detención—, ha generado un eco mediático particular. La información que acompaña este suceso incluye titulares como “Javier Corral detalla reunión con Enrique Inzunza en Culiacán” o “Justos y rectos en sus actos’: Inzunza reaparece en X con poema de Constantino Cavafis”, lo que sugiere un entramado de interés público alrededor de su figura y sus declaraciones. La óptica pública ya está construida.
Nuestra lectura es que esta estrategia de auto-defensa, lejos de ser una debilidad, busca proyectar una fortaleza moral ante la opinión pública, aunque conlleva riesgos procesales evidentes que un abogado experimentado podría mitigar. La comparecencia de Inzunza sin abogado y su explícita renuncia a la protección del fuero no son actos triviales. Responden a un citatorio de la FGR que, si bien aborda las investigaciones estadounidenses, pone al senador en el centro de un escrutinio legal y político en México. La reiteración de su confianza en las instituciones mexicanas, en este escenario de alta tensión y acusaciones transfronterizas, merece un análisis detenido.
Desde nuestra perspectiva, la alusión a “la rectitud de hombre de la República” en un contexto de presuntos vínculos con el crimen organizado es un contrapunto discursivo que busca redefinir la percepción pública, aunque la realidad judicial operará bajo criterios de evidencia, no de narrativa política. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al que Inzunza refiere, establece las excepciones para legisladores, y su decisión de no acogerse a ellas subraya la singularidad de su postura, diferenciándose de prácticas políticas anteriores.
Nosotros, en MÁS CONTEXTO, consideramos que la acción de Enrique Inzunza marca un precedente ambiguo. Si bien es un gesto de aparente valentía cívica, también abre la puerta a un escrutinio más profundo sobre la eficacia de su estrategia legal y la imparcialidad del sistema judicial. La próxima etapa definirá si esta comparecencia es un blindaje estratégico o el inicio de una vulnerabilidad sin precedentes. Estaremos atentos a la capacidad de las instituciones para procesar este tipo de desafíos sin sucumbir a las presiones políticas o mediáticas.
