La Ciudad de México ha aprobado por unanimidad la Ley del Sistema de Cuidados para garantizar el derecho al cuidado y redistribuir sus tareas entre gobierno, sector privado y sociedad, creando servicios para infancias, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de calle.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta que la unanimidad legislativa no garantice la ejecución real de una ley tan ambiciosa. Tras cruzar los datos, nuestra postura es que la Ley del Sistema de Cuidados en CDMX, aunque necesaria, enfrenta una compleja redistribución de responsabilidades sin un precedente claro de financiación o implementación a gran escala.

El Congreso de la Ciudad de México ha sancionado, con 64 votos a favor, la Ley del Sistema de Cuidados, una nueva legislación que se propone salvaguardar el derecho al cuidado y, simultáneamente, repartir estas responsabilidades entre la administración pública, el sector privado y la ciudadanía. Esta normativa facilitará la creación de infraestructura y servicios esenciales para el bienestar de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas en situación de calle dentro de la capital. La iniciativa fue promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y su dictamen final emergió de un exhaustivo proceso de diálogo y consulta con organizaciones civiles, colectivas feministas, personas cuidadoras y la sociedad en general.

Los pilares de una ley que busca romper inercias históricas

La legislación incorpora un abanico de propuestas y reflexiones recogidas durante audiencias públicas conducidas por el Congreso local, con la visión de edificar un entramado integral de cuidados en la capital mexicana. Entre los ejes centrales de esta Ley del Sistema de Cuidados destacan: garantizar el acceso universal al cuidado, eliminando la carga que históricamente recae de forma desproporcionada en las mujeres; establecer una responsabilidad compartida que involucre al Gobierno central, las alcaldías y la iniciativa privada; crear nuevos centros y espacios dedicados específicamente al cuidado; impulsar la certificación formal de las personas que ejercen labores de cuidado; reconocer y valorar el trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado; regular los cuidados directos e indirectos; consagrar el derecho al cuidado como un principio fundamental; y promover la igualdad de género y la igualdad sustantiva en todas sus dimensiones.

Nuestra lectura es que si bien la ley establece un modelo de responsabilidad compartida entre gobierno, alcaldías y sector privado, su operatividad real requerirá de mecanismos de coordinación y financiamiento aún no detallados, lo que podría diluir su impacto efectivo.

La celebración política frente al reto de la implementación

Tras la aprobación unánime, los representantes legislativos de la capital han conmemorado la creación de esta normativa, calificándola como un avance sustancial en materia de derechos sociales y equidad de género. El diputado Víctor Gabriel Varela López, de Morena, enfatizó la necesidad de redistribuir las labores de cuidado y disolver los roles de género que históricamente se han asociado a estas tareas. “Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad”, declaró.

Por su parte, la diputada Cecilia Vadillo Obregón resaltó que la formulación de esta ley involucró una significativa labor técnica y social, rindiendo también tributo a las miles de mujeres que han dedicado su existencia al cuidado de otros. Numerosos legisladores de Morena, incluidos Valentina Valia Batres Guadarrama, Valeria Cruz Flores, Juana María Juárez López, Martha Ávila, Miguel Ángel Macedo Escartín y Víctor Hugo Lobo Rodríguez, argumentaron que esta ley eleva el cuidado a la categoría de derecho humano y lo consagra como una responsabilidad colectiva.

Desde la bancada del PAN, la legisladora Lizzette Salgado Viramontes afirmó que la aprobación demuestra la viabilidad de construir consensos cuando se privilegian las necesidades de los ciudadanos. Andrés Atayde Rubiolo, por su parte, reconoció el diálogo constructivo entre las diversas fuerzas políticas, organizaciones civiles y especialistas, fundamental para robustecer el dictamen final.

La certificación de personas cuidadoras es un paso adelante, pero nuestra lectura es que sin un marco de remuneración digna y protección social robusta, este esfuerzo corre el riesgo de formalizar la precariedad en lugar de dignificar el sector.

La Ley del Sistema de Cuidados está aprobada, pero el verdadero desafío inicia ahora. En MÁS CONTEXTO advertimos que su éxito dependerá críticamente de la asignación presupuestaria explícita, la creación de infraestructuras tangibles y la fiscalización constante para asegurar que la “responsabilidad compartida” no se traduzca en una responsabilidad diluida. El papel de la sociedad civil y los colectivos feministas será crucial para evitar que esta promesa se quede en el papel.