El gobierno de Sinaloa, bajo Rubén Rocha Moya, enfrenta una investigación de la UIF y EE. UU. por contratos públicos y licitaciones irregulares que benefician a empresas vinculadas a sus hijos y socios, con presuntos nexos con Los Chapitos.

En MÁS CONTEXTO hemos detectado una grieta sistémica en Sinaloa, donde el entramado financiero del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya revela una asombrosa coincidencia entre cargos públicos, contratos estatales y los negocios familiares, bajo la sombra de acusaciones graves. Nuestra postura es que esto no configura un mero conflicto de interés, sino una arquitectura deliberada de poder para el beneficio privado.

La intrincada red de negocios familiares y estatales

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, instaló a un grupo clave que tomó las riendas del aparato burocrático e hizo negocios al amparo del poder, contratando empresas creadas por socios de sus hijos y de su yerno, mediante licitaciones a modo que triangularon recursos.

Esta red de compañías, encabezada por Rubén, José Jesús y Ricardo Rocha Ruiz, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las empresas de los hijos del mandatario y ordenó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rocha Ruiz y sus nueve coacusados. En MÁS CONTEXTO, nuestra lectura es que esta “prevención” de la UIF, sin constituir una determinación definitiva, sugiere una presión diplomática palpable y la necesidad de una limpieza profunda que la propia justicia mexicana ha eludido previamente.

Socios clave en el entramado

La investigación desvela la participación de socios y allegados en posiciones estratégicas, vinculando directamente la administración pública con las empresas familiares y presuntos nexos con grupos criminales.

Entre los socios de las empresas de los Rocha Ruiz destacan:

• José Carlos Cárdenas Mellado: Nombrado director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) en 2024. La Sedena lo identificó como enlace de Rocha Moya con Los Chapitos.
• Luis Manuel Mercado Rosales: Presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), institución que recibió 198 millones de pesos del gobierno de Sinaloa en los primeros cinco meses de 2026.
• Francisco Javier Barrón Sandoval: Socio en Constructora Chocosa. Sus hijos han ocupado cargos en la administración estatal.

Conexiones y cargos públicos

La red se extiende a nombramientos directos en la administración estatal y municipal, evidenciando un patrón de nepotismo y control de instituciones clave.

• Francisco Javier Barrón Aguayo: Hijo de Francisco Javier Barrón Sandoval, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Sustentable en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Era socio en Grupo del Siaric 2019 con Juan de Dios Gámez Mendívil.
• Juan de Dios Gámez Mendívil: Ahijado de Rubén Rocha Moya y presidente municipal de Culiacán con licencia, acusado por la justicia de Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos.
• Jorge Miguel Morales Donada: Socio en Grupo del Siaric 2019, hermano de María del Carmen Morales Donada, secretaria de Obras y Servicios Públicos de Culiacán.
• Eduardo Aguirre Medina: Director administrativo de los servicios de Salud del Estado, institución que junto con el DIF ha otorgado contratos a la red de compañías y socios de los hijos de Rocha Moya.

Las empresas vinculadas a la familia Rocha Ruiz incluyen:

• Constructora Chocosa
• Stare It Services
• Construcciones Suaqui
• Grupo Rofcar
• A&R Inyecta Soluciones
• A&R Soluciones y Estadísticas
• Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
• Chocosa Ranch

La ceguera oficialista ante las denuncias

Las denuncias sobre la red de empresas en Sinaloa no son nuevas, con acusaciones previas ignoradas sistemáticamente por el gobierno federal y el oficialismo.

En noviembre de 2020, Julio Cahue Heras denunció a Rubén Rocha Moya por tráfico de influencias, señalando asignaciones de contratos públicos por 64 millones 660 mil pesos a la constructora Chocosa durante gobiernos priistas, donde Rocha había sido asesor. Periodistas de Sinaloa como Aarón Ibarra, Marcos Vizcarra, Sibely Cañedo, Adrián López y el equipo de Ríodoce documentaron otros casos de asignaciones irregulares. Sin embargo, estas denuncias fueron ignoradas por el gobierno federal y el oficialismo durante cinco años, al igual que los señalamientos de participación de hombres armados en las elecciones de 2021 o el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda durante el secuestro de Ismael el Mayo Zambada en julio de 2024. Desde MÁS CONTEXTO, observamos que esta persistente ceguera oficialista ante denuncias recurrentes es, en sí misma, una táctica de encubrimiento y normalización de la impunidad en Sinaloa.

En el año pasado, el medio Xpectro reveló una vasta simulación en el otorgamiento de contratos de obra pública en Sinaloa. Una investigación periodística exhibió cómo un grupo de 23 empresas se repartieron contrataciones mediante ofertas similares, entregando obras mal construidas, como el puente El Quelite, adjudicado a la empresa Grobson, que se derrumbó tres semanas antes de su inauguración. La investigación también apuntó a asignaciones irregulares desde el DIF, encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, hija del entonces gobernador, que entregó contratos de cientos de millones de pesos.

Nuestra postura desde MÁS CONTEXTO: Ante la investigación activa de Estados Unidos y la inercia de cinco años de ignorancia oficial, advertimos que la transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa no pueden seguir siendo una opción, sino una exigencia impostergable. El colapso de confianza es inminente si no se desmantela este entramado de poder y se exige responsabilidad a todos los niveles, incluyendo la justicia mexicana que ha fallado en actuar de oficio.