El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determinó que las desapariciones en México constituyen crímenes de lesa humanidad, solicitando la intervención de la Asamblea General ante la persistencia de prácticas sistemáticas y la impunidad estructural que impera en el territorio nacional.

Confrontación institucional ante el informe internacional de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó un rechazo contundente a las conclusiones del Comité sobre Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo internacional calificó la perpetración de desapariciones en el país como crímenes de lesa humanidad, instando al secretario general de la ONU a presentar la problemática ante la Asamblea General. En respuesta, la CNDH emitió un pronunciamiento donde cuestionó la integridad de los expertos y acusó a organizaciones de la sociedad civil de manipular las demandas en materia de derechos humanos.

La postura de la CNDH se alinea con la narrativa del Poder Ejecutivo, incorporando juicios de valor dirigidos a denostar el trabajo de colectivos que han documentado la crisis durante las últimas dos décadas. El organismo nacional atribuyó el origen de esta situación exclusivamente a la estrategia de seguridad implementada entre 2006 y 2012, vinculándola con la gestión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública sentenciado en Estados Unidos.

Señalamientos de sesgo y conflictos de interés en el CED

El gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, descalificó el reporte del CED tachándolo de tendencioso y carente de rigor. La administración pública argumentó la existencia de presuntos conflictos de interés, sugiriendo que al menos uno de los integrantes del comité colaboró previamente con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

Aunque no se mencionó explícitamente, las referencias apuntan a Olivier de Frouville, experto francés con más de 25 años de trayectoria en el sistema de la ONU y expresidente del CED. De Frouville participó en la redacción de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada y ha desempeñado diversos roles como experto independiente. La administración actual vincula su labor previa en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con un supuesto ánimo conspirativo contra la soberanía nacional.

Activismo espacial como mecanismo de visibilización global

En un esfuerzo por trascender las fronteras terrestres, los nombres de 52 personas desaparecidas en Nuevo León, junto con una ficha representativa de las más de 133,000 víctimas en México, viajan a bordo de la nave Orion en la misión Artemis II de la NASA. Esta iniciativa, impulsada por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), busca combatir el olvido mediante un acto simbólico de escala histórica.

Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo, enfatizó que la inclusión de estos nombres en una memoria digital que orbitará la Luna pretende recordar que detrás de cada cifra existe una historia humana y una familia en búsqueda permanente. La misión, tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convierte así en un vehículo de exigencia de justicia ante la mirada internacional.

Registro de víctimas presentes en la misión Artemis II

• Casos emblemáticos: Roy Rivera Hidalgo (desaparecido en 2011), Brenda Damaris González Solís y Jesús José Gallegos Guereca.
• Representación colectiva: Una tarjeta digital simboliza a la totalidad de las personas desaparecidas en el territorio mexicano.
• Alcance: Los datos forman parte de millones de registros globales que acompañan la trayectoria de 10 días alrededor del satélite natural.

Colapso forense y exigencias de la sociedad civil

Organizaciones como Fundar, Cepad y el Centro ProDH han criticado la actitud defensiva del Estado, señalando que la soberanía se ejerce cumpliendo tratados internacionales y no desacreditando a los organismos de supervisión. La crisis se evidencia en el acumulado de más de 83,000 cuerpos y restos sin identificar en instituciones forenses, lo que demuestra un colapso institucional frente a la magnitud de la tragedia.

La impunidad en los casos de desaparición supera el 99%, lo que convierte cualquier avance normativo en una medida insuficiente sin una implementación real. Los colectivos hacen un llamado enérgico para que se acepte la asistencia internacional y se establezca un diálogo genuino que permita construir propuestas efectivas para atender esta emergencia humanitaria.