El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) determinó que la crisis de desapariciones en México alcanza niveles de crímenes de lesa humanidad, ante lo cual el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respondió calificando el informe como tendencioso y denunciando presuntos conflictos de interés.
Postura oficial ante el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada
La administración actual, bajo la narrativa de la Cuarta Transformación, ha descalificado la resolución del CED argumentando un enfoque parcial y sesgado. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano sugirió la existencia de un “conspiracionismo” internacional. Esta reacción mantiene la línea de gestiones previas que rechazaron diagnósticos externos sobre la situación de derechos humanos en el país, pero añade un componente de confrontación directa al señalar presuntas agendas ocultas dentro del organismo multilateral.
El experto francés en el centro de la controversia diplomática
Aunque el gobierno no emitió nombres de forma directa, las referencias a conflictos de interés apuntan a Olivier de Frouville. Este especialista francés ocupó la presidencia del CED en abril de 2023, periodo en el que se activó el artículo 34 para someter la situación de México a la Asamblea General de la ONU. La acusación estatal se basa en que, supuestamente, integrantes del comité trabajaron para organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano, citando específicamente los informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre entidades con altos índices de violencia.
- Trayectoria de Olivier de Frouville:
- 1995-1998: Representante de la FIDH en negociaciones de la Declaración sobre defensores de derechos humanos.
- 2003-2006: Participación en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
- 2008-2014: Experto independiente en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
- 2015-2018: Miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- 2019-Presente: Miembro electo del CED por dos mandatos consecutivos.
Continuidad técnica tras el relevo en la presidencia del CED
Es relevante notar que, tras concluir su periodo como presidente, De Frouville fue sucedido por el ecuatoriano Juan Albán Alencastro. Fue bajo esta nueva dirección que se oficializó el anuncio de elevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU. Esta transición administrativa sugiere que la determinación del comité no dependió de un solo individuo, sino que responde a un proceso institucional derivado de la gravedad de los hallazgos en territorio mexicano.
Reacción de la sociedad civil y organismos académicos
Organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cepad, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana han criticado la postura defensiva del Ejecutivo. Los colectivos sostienen que deslegitimar al emisor para invalidar el mensaje obstaculiza el avance democrático. Argumentan que la soberanía nacional no se vulnera por la observación internacional, sino que se fortalece al cumplir con los tratados de los cuales México es parte de manera voluntaria.
Colapso institucional y cifras de la crisis forense
La discrepancia sobre el diagnóstico internacional ocurre en un contexto donde la impunidad en casos de desaparición supera el 99%. Las organizaciones civiles denuncian fallas estructurales graves:
- Inoperancia del Banco Nacional de Datos Forenses.
- Acumulación de más de 83,000 cuerpos y restos sin identificar en instituciones oficiales.
- Aumento constante en la cifra total de personas desaparecidas.
El señalamiento de falta de rigor hacia el CED es interpretado por los colectivos de búsqueda como una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo ciudadano que suple las carencias del Estado.
Urgencia de un nuevo paradigma de cooperación
Las entidades defensoras de derechos humanos exigen que el gobierno federal abandone la confrontación y reconozca que las capacidades nacionales han sido superadas por la magnitud de la tragedia. El llamado incluye la aceptación de asistencia internacional y la apertura de canales de diálogo genuinos con las familias y colectivos. La resolución del CED no debe verse como un agravio externo, sino como una herramienta para detener la impunidad y gestionar una de las crisis humanitarias más críticas de la historia contemporánea de México.
