La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular la demanda de 5,800 millones de pesos contra el ISSSTE no es solo un fallo técnico; es una sentencia que desnuda la voracidad fiscal de la administración de Miguel Ángel Mancera y redefine los límites del poder recaudatorio local frente a la infraestructura federal.

En Más Contexto hemos analizado que esta resolución marca un precedente de protección sobre los activos estratégicos de la nación, impidiendo que los servicios públicos de salud sean canibalizados por deudas tributarias municipales. La Corte ha sido tajante: el ISSSTE, al cumplir funciones de dominio público, goza de una inmunidad fiscal constitucional que la Ciudad de México intentó ignorar en 2017 para inflar sus arcas.

El colapso de una pretensión de 5 mil millones de pesos

Lo que realmente nos preocupa en Más Contexto es la desproporción de la cifra reclamada por el entonces Jefe de Gobierno. Los 5,810 millones de pesos que Mancera pretendía extraer del ISSSTE representan una suma que supera presupuestos anuales de instituciones enteras como el Senado. Nuestra lectura es de cautela: este intento de cobro parecía más una estrategia de saneamiento financiero forzado para la capital que un ejercicio legítimo de derecho fiscal.

La resolución de la SCJN se basa en el artículo 122 constitucional, el cual impide gravar inmuebles destinados a funciones públicas federales. El Pleno determinó, por mayoría de seis votos, que no es responsabilidad del Instituto demostrar su utilidad pública, sino que la autoridad fiscal debe probar lo contrario para poder cobrar. Este cambio en la carga de la prueba es el verdadero golpe a la estructura recaudatoria de la CDMX.

Los matices del fallo: Agua, nómina y excepciones

A pesar de la victoria del ISSSTE en el predial, el panorama no es de exención absoluta. La Corte ha establecido una diferenciación crítica que en Más Contexto consideramos vital vigilar:

• Predial: Exento por ser bienes de dominio público destinados a la salud.
• Impuesto sobre nómina: En revisión técnica bajo nuevos criterios.
• Suministro de agua: La exención fue denegada; la Corte considera que este es un derecho por servicio recibido que debe liquidarse.

Esta asimetría en el fallo demuestra que la justicia no está otorgando un cheque en blanco a las entidades federales, sino ajustando las cuentas a la realidad operativa del país.

[Perspectiva Más Contexto]

Nuestra apuesta es que este fallo obligará a los gobiernos locales a rediseñar sus proyecciones de ingresos para el ciclo 2026, ya que el precedente del ISSSTE cierra la puerta a la recaudación fácil sobre inmuebles de salud y educación. El “modelo Mancera” de litigio agresivo contra la Federación ha caducado, y los estados deberán buscar eficiencia en sus propios padrones en lugar de asediar a las instituciones que sostienen la seguridad social del país.