La Fiscalía General de la República (FGR) ha omitido citar a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, incluso como testigo, a pesar de las denuncias de Ismael “El Mayo” Zambada, narcotraficante, quien desde hace casi dos años ha señalado sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Esta inacción genera un manto de impunidad que extiende sus sombras sobre investigaciones clave, incluyendo un posible montaje en el asesinato de Melesio Cuén y delitos electorales.
Nosotros hemos documentado cómo, a casi dos años de la denuncia pública de “El Mayo” Zambada, la FGR mantiene a Rocha Moya fuera de cualquier proceso de declaración. Fuentes internas de la Fiscalía, consultadas por Proceso, revelan que esta omisión no es un caso aislado. Ningún funcionario de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa ha sido convocado a declarar sobre el homicidio de Héctor Melesio Cué, exrector de la Universidad Autónoma estatal, ocurrido el 25 de julio de 2024.
Nuestra lectura es que la omisión de citar a Rubén Rocha Moya no es un descuido procesal, sino una decisión política que subraya la fragilidad del Estado de derecho frente a poderes fácticos. La propia FGR determinó que la Fiscalía estatal orquestó un montaje para simular que el exrector fue asesinado durante un supuesto asalto en una gasolinería, presentando incluso un video falso para sustentar dicha versión. Esta manipulación de la escena del crimen, concluida por la misma autoridad federal, no ha derivado en ninguna citación a los implicados directos en Sinaloa.
Mientras tanto, la FGR afirma revisar nuevamente carpetas de investigación iniciadas desde 2021. Estas indagatorias iniciales abarcan delitos electorales ocurridos durante el proceso en el que Rocha Moya resultó electo, así como acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y lavado de dinero. En estos expedientes se señaló directamente la operación del Cártel de Sinaloa en favor del entonces candidato. Consideramos que la revisión actual de carpetas antiguas sin abordar la inacción sobre nuevos y graves señalamientos es una estrategia dilatoria que busca desviar la atención de responsabilidades presentes.
El 1 de mayo pasado, Ulises Lara, vocero de la FGR, comunicó que una solicitud de detención provisional con fines de extradición proveniente de Estados Unidos carecía de pruebas adjuntas. Por ello, la institución solicitó la información a través de la cancillería mexicana. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no ha entregado, hasta el momento, ningún dato adicional. A pesar de los señalamientos de Estados Unidos contra Rocha Moya y otras nueve personas, ninguna ha salido del país, ni ha sido citada por la FGR.
El equipo editorial de MÁS CONTEXTO advierte que la pasividad de la FGR no solo erosiona la credibilidad de las instituciones, sino que sienta un precedente peligroso: la impunidad de figuras políticas presuntamente vinculadas al crimen organizado es un riesgo sistémico. Proyectamos que, sin una intervención contundente y transparente, la sombra del Cártel de Sinaloa seguirá permeando las esferas de poder, con consecuencias impredecibles para la seguridad y la gobernabilidad del país.
