El despliegue operativo del Ejército Mexicano se enfrenta a una paradoja estructural: su diseño histórico prioriza la estabilidad política interna sobre la letalidad convencional para combatir amenazas transnacionales.

El rezago supersónico y la limitación táctica convencional

La capacidad de disuasión aérea de México se encuentra en un punto crítico de obsolescencia. En 1982, la nación adquirió 12 aviones Northrop F-5 bajo mediación estadounidense; actualmente, solo sobreviven nueve unidades, de las cuales apenas tres mantienen capacidad operativa según datos de la comandancia militar. Esta cifra resulta ínfima para un territorio de 130 millones de habitantes, especialmente al contrastarla con los arsenales de Brasil (47), Chile (46) o Argentina (24).

Durante los últimos 50 años, la inversión en Defensa ha sido una de las más bajas de América Latina. México mantiene una tasa de 2,7 militares por cada 1,000 habitantes, una cifra significativamente menor a la de Colombia (8,2) o Chile (5,8). A esta carencia de recursos humanos se suma la ausencia total de tanques de guerra pesados, lo que posiciona al país en el nivel más bajo del Global Military Index dentro de su categoría regional.

La ineficacia del control territorial frente al crimen

A pesar de la expansión de roles en el último septenio, la capacidad de dominio territorial sigue siendo cuestionada. La neutralización de figuras clave, como la unidad especial que abatió a “El Mencho”, reveló una vulnerabilidad sistémica: las fuerzas de seguridad fueron incapaces de contener la reacción criminal que paralizó 20 estados con bloqueos y violencia coordinada. Este escenario subraya una brecha entre el patriotismo institucional y la eficacia operativa en el control del terreno nacional.

La influencia geopolítica de Estados Unidos en la defensa

La configuración del poder militar mexicano ha sido moldeada por la vecindad con la potencia más grande del mundo. En 1981, el veto de Washington impidió la compra de 24 cazas israelíes Kfir, argumentando la preservación del equilibrio militar regional. Esta dinámica ha generado un ejército que depende en un 90% del arsenal estadounidense.

“Estados Unidos es demasiado grande y Guatemala demasiado chico; no existe una amenaza externa real que incentive la construcción de una capacidad letal convencional.”

Bajo esta lógica, el sistema político mexicano ha preferido históricamente mantener un ejército acotado para evitar los golpes de Estado recurrentes en el resto del continente, estableciendo una política de respaldo institucional acompañada de una restricción táctica deliberada.

El simbolismo revolucionario y la dualidad institucional

El Ejército Mexicano es la institución con mayor aceptación social, profundamente anclada en el imaginario de la Revolución. Sin embargo, su evolución ha sido atípica. Desde la década de 1930, el enfoque no ha sido la defensa nacional, sino el control político y la consolidación del régimen. Esta herencia ha normalizado el uso de militares en tareas de seguridad ciudadana, un fenómeno inusual a escala global.

La brecha interna del estamento militar

• Anacronismo operativo: Tropas con formación básica de 120 días, operando bajo paradigmas obsoletos.
• Modernidad académica: Altos mandos formados en colegios internacionales con manuales de vanguardia europea.
• Vulnerabilidad individual: El uso de pasamontañas en patrullajes responde a la necesidad de protección frente a represalias del narco, no a una táctica de intimidación.

Del enfoque constructivo a la inteligencia de Sheinbaum

Tras el fracaso de la militarización agresiva de 2006 —que disparó los homicidios en un 200%— y la política de “abrazos, no balazos” de la administración anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ha redirigido la estrategia. Aunque se mantiene la gestión de obras de infraestructura, que absorbió el aumento del 39% en el presupuesto militar de 2024, el foco actual se desplaza hacia la inteligencia financiera y el empoderamiento de la Guardia Nacional.

Se proyecta que entre 2026 y 2027 se reactive el gasto en equipamiento militar. Sin embargo, la efectividad de este nuevo impulso depende de romper la “narcopolítica” y profesionalizar los sistemas de investigación civil, ya que, sin una reforma profunda que exija rendición de cuentas al mando militar, el riesgo de que las Fuerzas Armadas sigan siendo parte del problema estructural persiste.