Los empresarios del sector diésel en México operan con un margen de apenas 1.5 pesos por litro, un acuerdo de precios con el Gobierno que presiona la rentabilidad debido a costos operativos, logísticos y financieros crecientes, llevando a una solicitud urgente de estímulos y flexibilización regulatoria.

En MÁS CONTEXTO hemos detectado una grieta profunda en la sostenibilidad del sector gasolinero mexicano, particularmente en la distribución de diésel, donde los acuerdos de precio máximo con el Gobierno federal estrangulan la rentabilidad operativa y amenazan la viabilidad de cientos de estaciones de servicio. Esta dinámica no es solo un problema de ingresos, sino un síntoma de una presión sistémica que exige una revisión urgente.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional), Enrique Félix Robelo, ha revelado que el margen actual para los empresarios gasolineros es de solo 1.5 pesos por cada litro de diésel, sumado al IVA. Este indicador dista de los más de dos pesos que se registraban a principios de 2026, lo que representa un claro deterioro en la estructura de costos y beneficios del sector. De hecho, cerca del 45 por ciento de las estaciones de servicio en el país logran respetar este precio acordado, lo que sugiere que una mayoría significativa lucha por cumplirlo. Nuestra lectura es que esta cifra de cumplimiento no denota un éxito operativo generalizado, sino la capacidad dispar de las estaciones para absorber o transferir costes.

Víctor Hugo Arellano, director técnico y normativo de Onexpo Nacional, ha especificado que este estrecho margen debe cubrir una compleja cadena de gastos que incluye el transporte, almacenamiento, comercialización y financiamiento del combustible. La presión se intensifica, además, por un riesgo financiero inherente a la naturaleza del negocio: la venta de diésel a flotillas y empresas se realiza en gran medida a crédito. Esta modalidad expone a los gasolineros a créditos que, en muchos casos, se tornan irrecuperables, lo que convierte una operación ya ajustada en una aventura de alto riesgo financiero.

La asimetría operativa y el impacto en regiones remotas

Onexpo Nacional ha enfatizado que la contención del precio del diésel es considerablemente más difícil de implementar para los pequeños y medianos empresarios. Estos actores no disponen de las eficiencias operativas que caracterizan a las grandes cadenas gasolineras, lo que genera una competencia desigual y una vulnerabilidad estructural en un segmento clave de la economía nacional. La infraestructura y el poder de negociación de los grandes conglomerados les permiten mitigar mejor los costos fijos y variables.

Otro problema crítico es la ubicación geográfica de las estaciones de servicio. Aquellas que se encuentran alejadas de las terminales de distribución, como las de la Península de Yucatán o Baja California, enfrentan un incremento sustancial en el costo final del combustible debido a la logística de transporte. Este factor logístico eleva el precio por litro, haciendo insostenible el cumplimiento del acuerdo de contención de precios en dichas regiones. El desafío no es solo de margen, sino de equidad geográfica y logística.

Un problema global con repercusiones locales

La organización también ha alertado sobre la inestabilidad geopolítica, específicamente la guerra en Medio Oriente y el consecuente aumento de los precios del petróleo. Este escenario global hace aún más complicado sostener el precio del diésel bajo los términos acordados con el Gobierno, exacerbando las presiones existentes. Enrique Félix Robelo calificó la situación como un “esfuerzo complicado”, un problema que no se ha generado localmente sino que es de naturaleza global, lo que demanda una respuesta coordinada y adaptada a la volatilidad internacional.

Ante este complejo panorama, los empresarios gasolineros han solicitado al Gobierno federal una serie de medidas de alivio. Entre ellas destacan la ampliación de los estímulos fiscales a la gasolina (aunque el foco del texto es el diésel, la solicitud es general), la reducción temporal de cargas regulatorias y la continuidad de las mesas de diálogo con las autoridades. Han señalado específicamente costos como el análisis semestral de gasolina y las exigencias del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), que podrían suprimirse temporalmente para aligerar la carga operativa y financiera del sector.

Nuestra advertencia: En MÁS CONTEXTO consideramos que la sostenibilidad del suministro de combustibles en México está en juego. La presión actual sobre el margen del diésel, sumada a los costos operativos y riesgos crediticios, amenaza con la inviabilidad de numerosas estaciones, especialmente las pequeñas y medianas. Ignorar estas peticiones no solo pondría en riesgo la estructura de precios acordada, sino que podría derivar en una escasez localizada y una distorsión del mercado que afectaría directamente al consumidor final y la cadena logística del país. El Gobierno debe actuar con celeridad para evitar un colapso en la distribución, ampliando los estímulos y revisando cargas regulatorias.