En MÁS CONTEXTO hemos detectado una grieta en la narrativa oficial sobre las elecciones de Sinaloa en 2021. La validación jurídica del proceso contrasta brutalmente con una montaña de denuncias por violencia e intervención del crimen organizado, que el Estado mexicano ha optado por ignorar, abriendo la puerta a escrutinios externos que exponen la fragilidad de nuestra soberanía electoral.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha refutado con contundencia las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la elección para la gubernatura de Sinaloa en 2021 fue validada sin pruebas determinantes para su anulación. Córdova sostiene que, si bien la elección obtuvo una validación jurídica, esta se debió exclusivamente a que las impugnaciones no alcanzaron la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No se trata de una ausencia de irregularidades, sino de un proceso que no escaló lo suficiente en la cadena judicial.

Nuestra lectura es que la validez legal es una cortina de humo ante la inacción ministerial. Córdova señaló con claridad que las autoridades ministeriales no avanzaron en las investigaciones pese a las denuncias de violencia e intervención del crimen organizado. El exconsejero subraya que las decisiones del Tribunal Electoral de Sinaloa no fueron impugnadas a nivel federal, lo que de facto confirmó la resolución local. Sin embargo, recalca que “que hubo irregularidades, las hubo”, y que estas no fueron juzgadas como determinantes por las instancias correspondientes, las cuales, insiste, no eran el INE ni él mismo.

El Tribunal Electoral federal se limitó a conocer impugnaciones relacionadas con multas por fiscalización, incluyendo sanciones a Morena. Concluyó que no existían hipótesis legales para anular la elección por rebase de gastos de campaña. La cuestión central que Córdova plantea es por qué la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FISEL), conocedora de estas denuncias y hechos, no actuó. Más aún, recuerda que esta misma fiscalía negó información al INE en su momento y litigó para impedir el acceso del organismo electoral a expedientes de casos relevantes como Odebrecht y Pío López Obrador, una acción que revela un patrón de opacidad preocupante.

Durante la jornada electoral de 2021, se documentaron incidentes en municipios del norte de Sinaloa, como Guamúchil, Guasave y Los Mochis. Córdova detalló interrupciones de votación por la presencia de hombres armados, robo de material electoral y sustracción de casillas. El INE tuvo conocimiento de numerosos hechos ilegales constitutivos de delitos electorales, y existen carpetas de investigación abiertas desde hace cinco años. Entre ellas destacan:

• FED/SIN/MOCH/0000747/2021: Iniciada el 6 de junio de 2021, por amenazas de grupo armado a funcionarios de casilla en las secciones 0283, 0284, 0285 y 0286 para suspender la votación.
• FED/FEDE/FEDE-SIN/0000453/2021: También del 6 de junio de 2021, por el presunto apoderamiento de urnas con boletas en 18 casillas por un grupo armado.
• FED/SIN/MOCH/0000746/2021: Relacionada con el presunto robo de documentación y materiales electorales en la casilla 0071B.
• CEULA: B-V-4 FEDE, vinculado a FED/FEDE/FEDE-SIN/0000875/2021: Otros expedientes iniciados por denuncias del personal electoral.

Córdova enfatiza que estas carpetas, iniciadas por denuncias del personal del INE, no han avanzado en fiscalías que, aunque autónomas, “han estado muy vinculadas con el oficialismo”. Los incidentes fueron reportados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIGE) e incorporados en las impugnaciones de los partidos de oposición, aunque estas no prosperaron al nivel federal.

El INE, aclara Córdova, tuvo responsabilidades operativas en la organización de casillas, integración de mesas directivas y capacitación de funcionarios durante las elecciones concurrentes, pero la organización local pasó a ser responsabilidad de las autoridades electorales estatales tras la noche electoral. La validación de la elección de gobernador correspondió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en una sesión que duró “cuatro minutos y medio”, donde la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez (ambos señalados por autoridades estadounidenses junto a Rocha Moya), presentó el proyecto para validar.

Es inaceptable que la celeridad de una sesión judicial oculte la gravedad de las acusaciones. Córdova insistió en que el INE tuvo conocimiento de las irregularidades y las denunció penalmente, calificando las declaraciones de la presidenta Sheinbaum como “plagadas de falsedades” y una forma de “escurrir el bulto” de una responsabilidad que recae, ineludiblemente, en Morena como partido que postuló a Rubén Rocha Moya. Es crucial recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya de presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y de intervención del grupo a su favor en la elección de 2021.

El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, corrobora la existencia de un “clima de violencia asociado al proceso electoral”. Afirma que actores políticos optaron por no impugnar debido a amenazas e intimidaciones, que fueron desde coacciones hasta retención de personas antes y durante la jornada electoral. Jacobo Molina recordó cómo Mario Zamora, entonces candidato opositor, denunció públicamente el secuestro de operadores de su estructura electoral, principalmente del PRI, y, aunque no impugnó, exigió su liberación: “No voy a impugnar, pero libérenlos”.

Jacobo Molina desmiente que la intervención del crimen organizado sea un tema reciente, surgido por las investigaciones de Estados Unidos. Sostiene que 2021 fue un “momento de quiebre” donde la injerencia criminal se hizo evidente y se agravó, especialmente en estados de la costa del Pacífico. La autoridad administrativa electoral, como el INE, no es una instancia de seguridad y carece de facultades para enfrentar directamente a grupos criminales.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta que esta omisión del Estado mexicano no solo crea un vacío de justicia, sino que también socava la confianza en la capacidad de nuestras instituciones para garantizar elecciones libres de coacción. Córdova advierte que si México no atiende este problema, “alguien más lo va a hacer”, como ya está sucediendo con las investigaciones estadounidenses. La integridad de la democracia reside en la libertad del voto, no coaccionado ni por gobiernos, partidos ni, por supuesto, por el crimen organizado. Aunque las irregularidades documentadas en Sinaloa fueron limitadas frente al total de casillas, este fenómeno es una “deuda pendiente del Estado mexicano” que exige una respuesta institucional coordinada.