Lo que nos preocupa de la narrativa triunfalista del Mundial 2026 es el contraste obsceno entre la inversión en infraestructura deportiva y el desmantelamiento operativo de la búsqueda de personas. En Más Contexto hemos detectado cómo la prioridad política ha mutado: hoy, el Estado prefiere pulir la fachada del Estadio Banorte que cimentar los centros forenses prometidos.
Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026 bajo una crisis humanitaria que promedia 8.3 desapariciones diarias. Mientras el Gobierno de Clara Brugada acelera obras para el turismo internacional, familias de víctimas denuncian investigaciones paralizadas, pérdida de evidencias y el incumplimiento de infraestructuras forenses vitales, planeando protestas masivas durante la inauguración del torneo.
La fachada del estadio frente a la fosa institucional
El entusiasmo gubernamental por recibir cámaras y divisas colisiona con una cifra que no se puede maquillar: en el primer trimestre de 2026, la capital registró 711 reportes de personas desaparecidas. De estas, 251 siguen sin ser localizadas. Desde 1952, el acumulado histórico en la CDMX alcanza las 6,016 personas, una estadística que, lejos de estabilizarse, parece alimentarse de la inacción actual.
Nuestra lectura es que el calendario del Mundial ha dejado de ser una fiesta deportiva para convertirse en el principal distractor de la responsabilidad estatal en seguridad. Resulta cínico observar cómo fluyen los millones para logística futbolística mientras el Centro de Identificación Forense y el Centro de Resguardo Temporal siguen siendo promesas en papel.
Nombres que el protocolo no pudo salvar
Las historias de Ana Ameli García Gámez (19 años) y Olin Hernando Vargas Ojeda (24 años) exponen el fallo sistémico de las autoridades capitalinas. Ambos, estudiantes de la UNAM, desaparecieron en la zona del Ajusco, un área crítica a escasos 15 kilómetros del Estadio Banorte.
En el caso de Ana Ameli, desaparecida en julio de 2025, la negligencia fue la constante. Su madre, Vanessa Gámez, señala que el Protocolo Alba fue ejecutado con una lentitud letal, desperdiciando semanas cruciales al no reconocer la presencia de cárteles y talamontes en la zona de búsqueda. Por su parte, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando, denuncia que el actual fiscal Ulises Lara y el Ministerio Público simplemente se negaron a prestar auxilio inmediato tras el secuestro de su hijo en noviembre de 2024.
Los datos no mienten. El modelo de búsqueda está roto. La impunidad en el delito de desaparición en México roza el 100%, una cifra que convierte cualquier protocolo oficial en un trámite burocrático sin efectos reales.
Estrategia de visibilización: Irrumpir en el espectáculo global
Ante el abandono institucional, los colectivos de búsqueda (Una Luz en el Camino, Mariposas, Armadillos, entre otros) han decidido que si el Estado no los ve, el mundo sí lo hará. La estrategia para la inauguración del 11 de junio incluye:
- Puntos de acceso: Despliegue de familias con playeras blancas y fichas de búsqueda en todos los ingresos al Estadio Banorte.
- Acción ciudadana: Invitación a los asistentes —quienes pagan boletos de alto costo— a portar y mostrar las fichas de los desaparecidos dentro del recinto durante la transmisión global.
- Presión diplomática: Información directa a las embajadas de los países participantes sobre la inseguridad real que enfrentan sus ciudadanos al visitar territorio mexicano.
Sandra Ojeda Rivera, madre de Olin, ofrece una métrica devastadora: para dar un asiento a cada desaparecido en México, no bastaría el Estadio Azteca; se requerirían dos estadios de esa magnitud para albergar la tragedia nacional.
El costo real de la omisión
En Más Contexto hemos rastreado cómo estos grandes eventos sirven para “desplazar” las crisis locales hacia la periferia de la atención pública. La inversión millonaria en infraestructura para el Mundial es, en esencia, una deuda de sangre con las familias que siguen esperando respuestas. El Estado ha decidido que es más rentable un estadio reluciente que una base de datos genética funcional.
La advertencia es clara: si el gobierno de la CDMX y la presidencia de Claudia Sheinbaum persisten en priorizar el escaparate sobre la justicia, la inauguración del Mundial no será recordada por el fútbol, sino por ser el momento en que las víctimas obligaron al mundo a mirar lo que México intenta enterrar.
[Perspectiva Más Contexto]
Nuestra apuesta es que la presión internacional durante el torneo será el único motor que obligue a la administración de Brugada a entregar los centros forenses pendientes. El costo político de una protesta televisada a millones es lo único que hoy compite con el presupuesto asignado al balón. Si no hay justicia para los 6,000, no habrá paz para el Mundial.
