Petro aclara que la acusación de abuso infantil contra un ciudadano estadounidense detenido en Bogotá fue un malentendido. El presidente subraya el peligro de los juicios virales y exige terminar la tercerización del ICBF.

La desarticulación de una acusación pública

Gustavo Petro ha intervenido en el caso de un ciudadano estadounidense, indicando que las investigaciones sugieren un malentendido en lugar de un delito de abuso sexual infantil.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha aclarado el incidente del ciudadano de Estados Unidos, inicialmente acusado de abuso sexual infantil en Bogotá. Las investigaciones preliminares apuntan a una posible inocencia del implicado. Petro detalló que los hallazgos recientes indican que la situación fue un malentendido, y el “bullicio” generado contribuyó a la creencia pública de un acto de abuso.

El caso tomó relevancia tras la viralización de un video en redes sociales, donde se observaba a un ciudadano estadounidense con un menor en el balcón de un edificio en Usaquén, Bogotá. Este video provocó indignación global y llevó a la detención del hombre, con personas en el lugar gritando acusaciones de abuso.

La distorsión de la realidad por la virtualidad

El presidente Petro criticó la rapidez con la que las redes sociales pueden fabricar una realidad distorsionada, llevando a acusaciones masivas sin intervención de autoridades.

Gustavo Petro ha declarado que, aunque la investigación continúa, “aparentemente no existió ningún delito”. Nuestra lectura es que este episodio subraya la peligrosa intersección entre la percepción viral y la fragilidad del debido proceso, donde el linchamiento digital precede a cualquier investigación oficial. Petro atribuyó las acusaciones y la “trifulca furiosa” a una “tergiversación por medio de redes sociales”, donde se generan señalamientos colectivos sin la intromisión de las autoridades competentes.

El presidente explicó que el ciudadano estadounidense estaba en proceso de adoptar a los menores en Colombia. Su presencia con un niño en el balcón se debió a un intento de ayudar al menor, quien se había atorado con comida.

Petro reafirmó su postura citando:

• “Al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño.”
• “Transformaron como parece ser el mismo caso del norteamericano supuestamente pedófilo, la realidad por virtualidad. Engaño masivo, colectivo por la manipulación de la conciencia (…) Creo que hemos transformado en pedófilo a alguien que no lo es.”

El presidente indicó que, si la investigación concluye con la no culpabilidad del ciudadano, se le deberán “devolver sus derechos”.

Reconfigurando la adopción: el fin de la tercerización

La polémica del caso estadounidense ha impulsado a Gustavo Petro a solicitar el fin del modelo de tercerización en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La aclaración del caso ha llevado a Gustavo Petro a pronunciarse sobre los procesos de adopción infantil en Colombia. El presidente ha argumentado contra el modelo de “terciarización” en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), solicitando su cese. Consideramos que la propuesta de Petro no solo es una reacción a este incidente, sino una oportunidad crítica para reevaluar la soberanía estatal sobre el bienestar infantil y la transparencia en los procesos de adopción. Según Petro, este modelo permite que “instituciones ajenas al gobierno intervengan en los procesos de adopción”.

El presidente sentenció:

• “He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBD porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia.”

Desde MÁS CONTEXTO, nuestra proyección es que este incidente acelerará la revisión de los protocolos de adopción y la fiscalización del contenido viral en redes, exigiendo mayor responsabilidad a plataformas y usuarios. El gobierno de Petro enfrenta el desafío de restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la niñez, mientras se establecen marcos claros para diferenciar la alerta ciudadana de la difamación digital. Es imperativo que la justicia real prevalezca sobre la justicia virtual.

Nos inquieta cómo la velocidad de la viralización digital puede desmantelar el debido proceso y preconfigurar un veredicto público, incluso antes de que las autoridades ofrezcan una verdad basada en hechos. Este caso revela la fragilidad de la presunción de inocencia frente a la narrativa de redes y las profundas implicaciones institucionales.