La ratificación del Plan B electoral por parte de 17 congresos estatales garantiza la validez constitucional de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzando el quórum legislativo necesario para su promulgación inmediata.
Consolidación del marco jurídico electoral en las entidades federativas
El proceso de ratificación constitucional del Plan B de reforma electoral alcanzó un hito determinante este jueves. Con la aprobación por parte de 17 legislaturas locales, el proyecto impulsado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, adquiere el estatus de Ley tras haber superado las votaciones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta reforma constitucional impacta directamente en los artículos 115, 116 y 134 de la Carta Magna, redefiniendo la estructura administrativa y financiera de los organismos electorales y gobiernos municipales en todo el territorio mexicano.
La celeridad del proceso legislativo respondió a la necesidad de armonizar los marcos jurídicos locales antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite establecida para la adecuación normativa. El despliegue de los votos estatales confirma una tendencia de alineación hacia el modelo de austeridad republicana que busca reducir el gasto operativo de las instituciones democráticas.
Cronología de aprobación y el papel de los estados pioneros
Tabasco se posicionó como la primera entidad federativa en validar la minuta. En una sesión efectuada durante la madrugada del jueves, el Congreso tabasqueño aprobó el dictamen con 29 votos a favor y solo uno en contra. Este movimiento inicial fue seguido por Oaxaca, donde la LXVI Legislatura, encabezada por la diputada Eva Diego Cruz, avaló la reforma por unanimidad. En el contexto oaxaqueño, la narrativa legislativa se centró en la coherencia política y el fortalecimiento de la confianza ciudadana mediante la reducción de privilegios.
El avance continuó de forma ininterrumpida a través de las diversas regiones del país:
- Quintana Roo: Se convirtió en el tercer estado en sumarse, con 20 votos a favor de la coalición Morena-PVEM-PT y cuatro sufragios en contra provenientes del bloque opositor PAN-PRI-MC.
- San Luis Potosí: Consiguió la aprobación con una votación de 20 a 4, estableciendo la obligatoriedad de armonizar su marco jurídico local para finales de mayo de 2026.
- Yucatán: Registró una dinámica competitiva con 21 votos a favor y 13 en contra, destacando la ausencia de la bancada del Partido Verde durante la votación.
Reingeniería administrativa y topes presupuestarios obligatorios
La reforma introduce modificaciones estructurales a la integración de los ayuntamientos y al gasto de las legislaturas. Entre los ejes técnicos de la nueva normativa se encuentran:
- Límite a regidurías: Los Ayuntamientos tendrán un tope máximo de 15 regidurías, las cuales deberán ser electas bajo principios de paridad de género vertical y horizontal.
- Restricción de gasto legislativo: El presupuesto anual de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de la entidad federativa correspondiente.
- Tope salarial electoral: Las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales quedan estrictamente limitadas, prohibiendo que superen el salario percibido por la Presidenta de la República.
Debate legislativo y posturas encontradas en el territorio nacional
Pese a la mayoría obtenida, la reforma enfrentó críticas en estados como el Estado de México y Sonora. En la legislatura mexiquense, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez calificó la iniciativa como una medida que no aporta beneficios significativos a la democracia. Por su parte, en Sonora, la oposición tildó la propuesta de “descafeinada” por la supuesta falta de inclusión de sectores juveniles, aunque finalmente fue aprobada mediante votación económica bajo el argumento de optimizar el funcionamiento del sector público.
En Puebla, la aprobación se ejecutó mediante un procedimiento fast track que duró menos de 10 minutos, sin discusión de artículos en lo general o particular. En contraste, Veracruz vivió una discusión extensa donde el bloque oficialista resaltó las bondades de la austeridad, logrando 39 votos a favor frente a 4 en contra de las bancadas del PRI y PAN.
Estados que ratificaron la reforma constitucional
Hasta el cierre de la jornada legislativa, las entidades que han confirmado su adhesión oficial al Plan B electoral incluyen a: Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.
Cabe destacar que en casos particulares como Tabasco, gran parte de las medidas de austeridad y reducción de estructuras ya se encontraban vigentes desde reformas locales implementadas en 2019. Tras la aprobación masiva, el Congreso de la Unión recibirá las copias autorizadas de los decretos estatales para proceder con la declaratoria de constitucionalidad y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
