La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la exigencia inmediata de colectivos de familiares y organizaciones para establecer un diálogo directo tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de elevar el caso mexicano a la Asamblea General. Esta medida busca brindar asistencia técnica internacional para frenar una tragedia humanitaria que suma más de 132 mil víctimas.
Exigencia de responsabilidad estatal y estrategia nacional de búsqueda
Los colectivos de familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos demandan que el Estado mexicano asuma su responsabilidad histórica y operativa. El núcleo de la petición reside en que la presidenta Sheinbaum se reúna con las familias de las víctimas para conocer de primera mano la tragedia que enfrentan. Este encuentro es el paso previo indispensable para aceptar las conclusiones del CED y proceder al diseño de una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda.
La resolución del organismo internacional implica un hito al someter la situación de México a la consideración de la Asamblea General de la ONU. Las directrices fijadas establecen la necesidad de apoyo técnico especializado en áreas críticas:
- Protocolos de búsqueda inmediata.
- Análisis forense avanzado.
- Investigación exhaustiva de alegaciones sobre desapariciones forzadas.
- Fiscalización de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
El diálogo como ruta única frente a la tragedia humanitaria
A través de un comunicado dirigido a la Asamblea General de la ONU, al secretario general Antonio Guterres y a la sociedad civil, los firmantes instan al Ejecutivo a admitir que la cifra de 132,534 personas desaparecidas constituye una crisis de dimensiones humanas incalculables. La postura de las organizaciones es clara: el diálogo es la única opción viable para avanzar en los procesos de justicia y localización.
El reconocimiento a los integrantes del CED subraya la importancia de establecer mecanismos eficaces para esclarecer la verdad. Esto incluye proporcionar asistencia y protección integral tanto a las familias que realizan labores de búsqueda como a las organizaciones y defensores que brindan acompañamiento en el terreno.
Consecuencias de la negación institucional y la simulación
Desde 2010, año en que las cifras de desapariciones experimentaron un crecimiento exponencial, las familias han planteado demandas de respuestas efectivas sin obtener soluciones estructurales. La narrativa de los colectivos advierte que negar la realidad agudiza el problema y perpetúa un ciclo de impunidad.
Mientras el Estado mexicano continúe negando a las y los desaparecidos y mantenga la simulación institucional, se condena a la sociedad a la repetición de estos delitos de lesa humanidad y a las víctimas a un camino de tortura sistemática.
La falta de respuesta de los tres órdenes de gobierno se remonta a los primeros registros de la tragedia en el norte del país. En aquel momento, la ausencia de políticas públicas obligó a las familias a tocar puertas nacionales e internacionales, impulsando la creación de leyes e instituciones que hoy resultan insuficientes ante la magnitud del fenómeno.
Evidencia de desaparición forzada y rechazo a la ayuda internacional
La existencia de casos documentados demuestra que en México persisten las desapariciones forzadas, a pesar de la postura oficial de negación. Existe una preocupación creciente entre los activistas debido a que la respuesta gubernamental no ha evolucionado: la negación del crimen se mantiene como política de Estado, a la cual se suma ahora el rechazo a la cooperación internacional propuesta por organismos de Naciones Unidas.
Este reclamo no es coyuntural ni partidista; se ha presentado ante gobiernos de diversas filiaciones políticas. Por ello, consideran que la llegada del caso a la Asamblea General es un logro colectivo que representa el clamor mundial por justicia.
Coalición nacional e internacional por la justicia
La demanda cuenta con el respaldo de una estructura civil robusta que abarca múltiples estados y sectores:
- Entidades Federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Puebla.
- Alcance Regional: Familiares de personas migrantes desaparecidas y víctimas originarias de Guatemala y Honduras.
- Organizaciones Civiles: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Consultora Solidaria, Defensores por la Justicia, Frontera Justicia AC (Casa del Migrante Saltillo), Fundación para la Justicia y Justicia Transicional.
