Nos preocupa profundamente el optimismo ciego con el que se analiza la estabilidad institucional de México. Tras procesar las iniciativas enviadas al Congreso, en MÁS CONTEXTO la conclusión es clara: la llamada “continuidad con cambio” de Claudia Sheinbaum es, en realidad, una operación quirúrgica de desmantelamiento y corrección de las políticas más radicales de su antecesor.

El oficialismo se apresta para aprobar en apenas una semana la reforma judicial de la presidenta y un paquete de modificaciones electorales aplicables en 2027. A la cadena de correcciones que ha ejecutado la mandataria a la herencia que le dejó Andrés Manuel López Obrador, esta semana se sumará una más: las modificaciones profundas a la reforma judicial de 2024. No se trata únicamente de aplazar la elección de jueces y magistrados a 2028 por las complicaciones derivadas de su concurrencia con los comicios federales y locales de 2027, sino de atender los reclamos urgentes de sectores productivos. Estos grupos, en los últimos meses, se acercaron a legisladores y funcionarios del oficialismo para expresar su preocupación por la incertidumbre que generó la primera tanda de jueces electos por voto popular.

Nuestra lectura es que el calendario institucional ha dejado de ser una guía pedagógica para convertirse en el principal disruptor de la economía y la certeza jurídica del país. Son varios los frentes en los que Sheinbaum ha tomado distancia clara de las políticas de su antecesor en el año y medio que lleva de Gobierno. Entre ellos destacan la estrategia de seguridad encabezada por el secretario Omar García Harfuch, que acabó con la lógica de “abrazos, no balazos”; la apertura de su Gobierno a la fractura hidráulica (fracking) para la explotación de yacimientos, una técnica vetada por el anterior presidente; la intervención en Morena para relevar a Luisa María Alcalde, la dirigente que colocó López Obrador antes de dejar el poder, y el distanciamiento con cuadros que contaban con la confianza incondicional del tabasqueño, como el senador Adán Augusto López y el exfiscal Alejandro Gertz Manero. En esa lógica, la rectificación de la reforma judicial implica el reconocimiento implícito de las fallas operativas y técnicas de la reforma anunciada por López Obrador en febrero de 2024 como parte medular de su Plan C de cambios constitucionales.

El filtro antinarco y la vorágine legislativa

Esta semana, junto con su reforma a la reforma judicial, Claudia Sheinbaum ha anunciado, de último momento, una iniciativa para cambiar la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (LGIPE) y crear una comisión del Instituto Nacional Electoral para la verificación de integridad de candidaturas —un paso que tampoco quiso dar su antecesor—, y tratar así de cerrarle el paso a la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

El texto de la iniciativa, enviada al Congreso la tarde del viernes, indica que esta comisión será integrada por consejeros electorales y fungirá como un vínculo entre los partidos que “voluntariamente decidan participar” y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para consultar los antecedentes de los aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular y detectar a tiempo un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Será decisión libre de los partidos postular o no las candidaturas sujetas a esta revisión.

Para que estas reformas entren en vigor en 2027 deben ser aprobadas antes del 3 de junio; es decir, 90 días antes del arranque legal del proceso electoral, que inicia en septiembre. Este candado ha metido al Congreso mexicano en una vorágine legislativa que inició con las reuniones de las comisiones legislativas y la aprobación de los dictámenes. El proceso concluirá con el periodo extraordinario el 26 de mayo.

Esto pondrá nuevamente a prueba la alianza oficialista entre Morena, el PVEM y el PT, que debe reunir sus mayorías en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y las Legislaturas de los Estados para procesar la reforma constitucional de Sheinbaum, su reforma a la LGIPE y una reforma adicional introducida —también de última hora— por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, para anular triunfos electorales en caso de injerencia extranjera. Todo en una semana.

Los números legislativos están asegurados, pero el costo reputacional es otra historia. El aparato estatal opera a marcha forzada para maquillar un diseño institucional defectuoso.

Las rectificaciones a la reforma judicial: el fin de los jueces improvisados

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma judicial que envió al Congreso, Sheinbaum elogia la elección de 2025, pues permitió que “el pueblo decida”. Sin embargo, también enumera las fallas que se detectaron en ese proceso, cuando se votó por 850 cargos judiciales a nivel federal y 1,800 a nivel local. “La experiencia (…) confirmó la viabilidad del nuevo modelo y mostró la conveniencia de precisar reglas constitucionales que garanticen el establecimiento de tiempos idóneos para el proceso electoral; la gestión comprensible del voto ciudadano mediante una reducción sustancial del número de candidaturas; la simplificación del ejercicio del sufragio y la adecuada operación de los Comités de Evaluación para garantizar la competencia técnica y profesional de quienes aspiren a la función jurisdiccional”, se lee en la iniciativa presidencial.

La reforma impulsada por la presidenta fue precedida por una iniciativa firmada por legisladores de Morena (Alfonso Ramírez Cuéllar, Javier Corral y Olga Sánchez Cordero, entre otros), en la que ya se apuntaba la necesidad de corregir aspectos de la imperfecta reforma aprobada en el último mes de Gobierno de López Obrador. “La implementación práctica del nuevo modelo evidenció áreas de oportunidad; particularmente, en los procesos de evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral”, señalaron los legisladores en su iniciativa del 21 de abril. En esa propuesta se sugería sustituir los comités de evaluación de candidaturas de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por un comité único integrado por personas propuestas por los tres Poderes.

En la iniciativa de Sheinbaum no desaparecen los tres comités, pero se crea una comisión que coordine los trabajos y “verifique el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de todas las personas participantes, y establezca metodologías homologadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes de conocimientos”. Este trabajo será esencial, pues una de las principales preocupaciones de cámaras industriales y empresariales era la baja calidad de los perfiles que llegaron a la boleta electoral en 2025. Mientras que en 2024 se buscaba jueces “cercanos al pueblo”, en la nueva reforma se habla de “los perfiles calificados que destaquen por sus conocimientos técnicos en la práctica jurídica” y de filtrar las candidaturas con “los más altos estándares metodológicos de evaluación”.

En MÁS CONTEXTO hemos rastreado cómo el idealismo retórico de la gestión anterior terminó colapsando ante la realidad técnica, obligando al actual Ejecutivo a priorizar la competencia sobre la lealtad absoluta.

Rediseño de boletas, resurrección de Salas y cálculo político para 2028

Otra propuesta de la iniciativa de Sheinbaum es disminuir el número de aspirantes por cargo de elección, pues la experiencia de 2025 mostró que un muy alto número de candidaturas “dificulta la deliberación ciudadana” e inhibe la participación. La iniciativa propone que cada comité seleccione los cuatro perfiles mejor calificados para cada cargo, atendiendo el criterio de paridad de género, y que mediante insaculación o sorteo se llegue a solo dos candidaturas por comité.

Sin decirlo abiertamente, la propuesta de Sheinbaum atiende de alguna manera las críticas a la elección de 2025 por la proliferación de acordeones o guías de votación en las semanas previas a la jornada electoral. Frente a ello, se pretende simplificar la boleta electoral, que en 2025 llegó a ser muy compleja para ciertos cargos, con un diseño “claro y manejable” en el que se identifique con precisión a cada poder postulante y a las personas juzgadoras en funciones que participen en el proceso. “Se propone distinguir entre las especialidades correspondientes a cada ámbito territorial, con el propósito de orientar al electorado con mayor claridad y transparencia”, se añade en la propuesta.

La iniciativa resucita las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la reforma de López Obrador desapareció, llamándolas Secciones. Este cambio se justifica en la exposición de motivos, afirmando que esto permitirá al Pleno “gestionar de manera más eficiente cargas de trabajo de otros asuntos considerados de trámite que, por su naturaleza, pueden ser resueltos en secciones”.

El cambio más notorio, sin embargo, será el aplazamiento de la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028, lo que dará un respiro al Instituto Nacional Electoral, que advirtió graves riesgos de colapso por la concurrencia con la elección de 2027. Sheinbaum aprovechó su proyecto para introducir otra papa caliente: la posibilidad de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato el mismo día de la elección judicial, y no en abril, como se prevé actualmente. En un afán de generar ahorros, la presidenta se hará presente en las campañas de la elección judicial, que si bien no involucran a los partidos políticos, sí se verían afectadas por la obvia discusión sobre la popularidad de Sheinbaum, que entonces estará por iniciar su cuarto año de mandato.

Perspectiva Más Contexto

Nuestra apuesta es que este replanteamiento judicial durará más de lo que el ala dura de Morena estima, y los mercados aún no han descontado el costo real de una transición jurídica fragmentada en dos sexenios. Recomendamos a las corporaciones e inversionistas no asumir el aplazamiento a 2028 como una tregua definitiva, sino como un periodo de blindaje técnico donde las metodologías de evaluación definirán las nuevas reglas del juego comercial en México.