La revisión negativa de S&P Global Ratings para Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), la primera en casi cuatro años, refleja directamente el deterioro económico soberano de México, anticipando una potencial rebaja de calificaciones en el mediano plazo.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta que la decisión de S&P Global Ratings de revisar la perspectiva de calificación crediticia de Pemex y CFE de estable a negativa no sea solo un ajuste técnico, sino la confirmación palpable de una profunda debilidad estructural en las finanzas públicas de México. Esta medida, sin precedentes en casi cuatro años, marca una inflexión crítica sobre la percepción de riesgo de nuestras entidades productivas estatales.

La calificadora explicó que esta modificación responde a una compleja interconexión de factores: un menor dinamismo económico, la presencia de restricciones presupuestarias significativas y el riesgo latente de una consolidación fiscal que avanza más lentamente de lo previsto. Estos elementos, en su conjunto, crean un terreno fértil para el incremento de la deuda pública y, consecuentemente, elevan la carga financiera que recae sobre el país.

“Las perspectivas negativas reflejan las de la deuda soberana e indican que podríamos rebajar nuestras calificaciones en los próximos 12 a 24 meses si tomáramos una medida de calificación similar para México”, señaló la calificadora. Nosotros interpretamos este señalamiento no como una mera advertencia, sino como un cronómetro financiero ya activado, ligando indisolublemente el destino de Pemex y CFE al del soberano.

Además, S&P indicó que el respaldo fiscal continuo del Gobierno federal a Pemex y CFE representa una vulnerabilidad adicional, susceptible de aumentar la rigidez de las finanzas públicas mexicanas. “El esperado apoyo fiscal sustancial y continuo a Pemex y CFE podría seguir agravando la rigidez fiscal de México”, advirtió la firma. Esta dinámica crea una espiral donde el rescate de una entidad agrava la posición de la otra, una suerte de subsidio cruzado que termina por fragilizar el conjunto.

Pemex: el grado de inversión se sostiene con fragilidad intrínseca

En el caso específico de Petróleos Mexicanos, la agencia reafirmó sus calificaciones crediticias, un punto que, a primera vista, podría parecer una señal de alivio. Sin embargo, S&P mantuvo una visión crítica y sin concesiones sobre la situación financiera de la petrolera. La entidad recordó el formidable volumen de apoyos gubernamentales que la empresa recibió, ascendiendo a aproximadamente 69 mil 800 millones de dólares entre 2019 y 2025.

Nuestra lectura es que esta inyección masiva de capital no ha resuelto la ecuación estructural de Pemex, sino que ha postergado una crisis de solvencia con cargo al erario público, agravando la rigidez fiscal del Estado.

Pese a esta constante inyección, la calificadora subrayó que el perfil crediticio individual de Pemex permanece en niveles altamente especulativos. Su estructura de capital es, a todas luces, insostenible, dada su escasa liquidez y su elevado apalancamiento, un diagnóstico que va más allá de un simple problema de flujo. La agencia añadió datos preocupantes: Pemex reportó una razón deuda/EBITDA de 5.8 veces y un flujo de caja operativo libre negativo durante el primer trimestre de 2026. Estos números son un termómetro de su inviabilidad operativa intrínseca.

Asimismo, S&P modificó a negativa la perspectiva de varias de sus subsidiarias clave: PMI Trading DAC, PMI Norteamérica, Mex Gas Supply y Deer Park Refining. Este ajuste se debe a que todas estas empresas forman parte estratégica de las operaciones consolidadas de Pemex, lo que demuestra la capilaridad del riesgo.

A pesar de esta revisión a la baja, S&P continúa siendo la calificadora que mantiene la evaluación más favorable para Pemex, especialmente en comparación con Moody’s y Fitch Ratings. S&P conserva para Pemex una nota de BBB, lo que permite a la petrolera mantenerse aún dentro del grado de inversión. Este hecho, sin embargo, debe ser matizado con la perspectiva negativa, pues el grado de inversión es una línea delgada que podría romperse ante el más mínimo tropiezo soberano.

CFE: la estrategia estatal no la blinda del riesgo

Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, la calificadora sostuvo que la empresa eléctrica mantiene un carácter estratégico para el Gobierno mexicano. CFE no solo controla la transmisión y distribución eléctrica del país, sino que también es el proveedor principal de energía para usuarios residenciales y de alto consumo. “Sigue desempeñando un papel fundamental en las políticas públicas del gobierno mexicano”, señaló S&P sobre la empresa encabezada por Emilia Calleja.

A nuestro juicio, el rol estratégico de CFE es precisamente lo que eleva el riesgo para las finanzas públicas, dado que su vulnerabilidad es una extensión directa de la salud soberana, y no un blindaje contra ella.

La agencia también cambió a negativa la perspectiva para CFE International y CFE Fibra E. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que las operaciones de estas subsidiarias dependen directamente de la situación financiera y regulatoria del Estado mexicano, evidenciando una vez más la interconexión ineludible.

Finalmente, S&P reiteró un mensaje claro: las calificaciones de Pemex, CFE y todas sus subsidiarias continuarán evolucionando en estricta línea con la nota soberana de México. Esto implica una conclusión ineludible: cualquier eventual deterioro en la calidad crediticia del país podría traducirse en recortes adicionales, sumando presión a ambas empresas productivas del Estado.

En MÁS CONTEXTO, observamos que esta revisión a la baja por S&P Global Ratings es un espejo de la necesidad urgente de una reevaluación estratégica profunda de la política fiscal y energética de México. La interdependencia entre la salud financiera del soberano y la de sus empresas productivas estatales es total; seguir inyectando capital sin una reestructuración operativa real solo pospondrá lo inevitable, elevando el costo futuro. Aconsejamos a los inversores y al público en general monitorear de cerca los indicadores de deuda pública y la velocidad de la consolidación fiscal, ya que estos serán los verdaderos termómetros de la estabilidad crediticia del país. No estamos ante un problema de liquidez, sino de solvencia estructural.