En MÁS CONTEXTO hemos detectado una grieta en la representación legislativa que trasciende la simple ausencia. La sistemática evasión de un senador con señalamientos directos de narcotráfico por parte de EE. UU. no es un capricho personal, sino una estrategia de blindaje que compromete la integridad del parlamento.

El senador Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha faltado por tercera ocasión a la sesión de la Comisión Permanente, optando por eludir el debate legislativo y evitar el escrutinio público en medio de graves acusaciones.

La silla vacía: un patrón de evasión en el Senado

Enrique Inzunza, senador por Morena, ha reincidido en su ausencia a la Comisión Permanente. Esta es la tercera ocasión que Inzunza no se presenta a una sesión clave. Para suplir su asiento, el senador Alejandro Murat se incorporó como suplente, asumiendo su rol para las sesiones durante el receso legislativo. Murat afirmó a EL FINANCIERO su privilegio por participar en la Permanente y la continuidad de su labor. Al ser cuestionado sobre una solicitud expresa de Inzunza para su suplencia, Murat aclaró que la designación fue una “decisión interna del grupo (parlamentario)” para definir qué suplente se incorporaría.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se pronunció al respecto, defendiendo la postura de Inzunza como una decisión estrictamente personal. Afirmó que el senador de Morena es “ejemplar”, un “hombre de leyes” y un conocedor del derecho, que tomará su propia decisión sobre su presencia o una posible solicitud de licencia. Cantón Zetina reiteró que no hay motivo para su asistencia y que Inzunza “explicará todo como lo ha hecho repetidamente, porque él es un hombre que da la cara”. La comunicación entre ambos, según el tabasqueño, no ha existido. Nuestra lectura es que calificar esta serie de ausencias como “decisiones personales” es una simplificación peligrosa que desdibuja la responsabilidad política inherente al cargo.

Pretextos y omisiones: la cronología de un blindaje legislativo

La secuencia de los hechos traza un camino de evasión calculado. La semana pasada, el propio Enrique Inzunza, presunto intermediario entre Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha cuando fue secretario de Gobierno, había anunciado públicamente su asistencia a la sesión. Sin embargo, el miércoles, apenas dos horas antes de la cita crucial, el senador revirtió su postura vía X (anteriormente Twitter), justificando su ausencia para evitar que la oposición creara “un espectáculo indigno del recinto legislativo”.

Este patrón de inasistencias no es reciente. El 29 de abril, en la última sesión del periodo ordinario, Inzunza solamente acudió para registrar su asistencia. Una vez que se difundió la noticia de que era objeto de una indagatoria en Estados Unidos, no regresó al Pleno, absteniéndose incluso de votar su propia integración a la Comisión Permanente. Esa misma tarde, cuando la Comisión Permanente fue formalmente instalada, Inzunza tampoco hizo acto de presencia. Consideramos que invocar la “dignidad del recinto” para justificar una ausencia, cuando se afrontan señalamientos de esta magnitud, no es proteger la institución, sino eludir el escrutinio que esta exige.

El expediente: por qué Estados Unidos señala a Inzunza

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas acusaciones directas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios. El documento, difundido el 29 de abril, detalla la presunta participación de estos individuos en un esquema diseñado para proteger al Cártel de Sinaloa, enfocándose específicamente en la facción conocida como Los Chapitos. Entre los diez señalados por la justicia estadounidense se encuentra Enrique Inzunza, quien actualmente ostenta el cargo de senador por Morena. A pesar de las graves imputaciones, el legislador ha rechazado categóricamente los cargos. Pese a estas circunstancias, Inzunza figuraba como un miembro esperado para formar parte de la Comisión Permanente del Congreso mexicano.

Desde MÁS CONTEXTO, la secuencia de eventos que rodea al senador Inzunza no es un incidente aislado, sino un reflejo preocupante de la capacidad de blindaje ante acusaciones gravísimas. La Cámara alta no puede permitirse la normalización de la ausencia de sus miembros frente a señalamientos tan contundentes. Proyectamos que la pasividad institucional solo escalará la percepción de impunidad, debilitando la ya frágil confianza ciudadana en nuestras instituciones legislativas. Es imperativo que el Senado, como cuerpo, exija una explicación pública y transparente, no como un “espectáculo”, sino como un acto ineludible de responsabilidad.