La presidenta Claudia Sheinbaum declaró desconocer el presunto bloqueo de cuentas a Rubén Rocha y Enrique Inzunza por la UIF, pese a los señalamientos de vínculos con el narcotráfico desde Estados Unidos. Solicita un informe, lo que abre el debate sobre la transparencia y la coordinación entre dependencias.
En MÁS CONTEXTO nos inquieta profundamente que la presidenta Claudia Sheinbaum declare desconocer una acción de la Unidad de Inteligencia Financiera contra figuras políticas de la talla de Rubén Rocha y Enrique Inzunza. Esta falta de conocimiento sugiere una brecha crítica en la cadena de mando o, peor aún, una estrategia deliberada de distancia ante una investigación de máxima sensibilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó categóricamente, durante la conferencia mañanera del viernes 15 de mayo, que “no tiene conocimiento” del presunto bloqueo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ejecutado contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, y del senador Enrique Inzunza. Ante la información que circuló en diversos medios esa misma mañana sobre la supuesta notificación de la UIF a bancos mexicanos para “congelar” estos activos, la mandataria optó por pedir un reporte directo a la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda. “Vamos a pedir que informen si hubo algo de eso”, indicó la presidenta Sheinbaum, una respuesta que, a nuestro juicio, deja entrever una descoordinación preocupante o una estrategia de comunicación sumamente cautelosa.
La presidenta y el muro del desconocimiento frente a la UIF
El cuestionamiento directo sobre este presunto bloqueo fue respondido con un “No tenía conocimiento, no lo pregunté (en el Gabinete de Seguridad), vamos a pedir que informen”. Esta declaración de la presidenta Sheinbaum es significativa; indica que una acción de tal envergadura, que afecta a funcionarios de alto perfil y con acusaciones internacionales de por medio, no era de su conocimiento inmediato o no había sido discutida en el Gabinete de Seguridad. Resulta crucial entender los mecanismos internos que permiten que información de esta naturaleza no fluya adecuadamente hacia la máxima autoridad ejecutiva del país.
La presidenta de México explicó que, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera “encuentra alguna irregularidad”, procede con medidas, entre las que se incluye el bloqueo de cuentas. Esta referencia implícita a los protocolos de la UIF contrasta con su declarado desconocimiento del caso específico, lo cual genera una disonancia que exige mayor claridad institucional sobre la ejecución de sus facultades.
Señalamientos desde EU: la sombra de Los Chapitos sobre Sinaloa
El fondo de esta situación radica en las graves acusaciones vertidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, es señalado de supuestamente participar en un esquema de protección a Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La amplitud de estas acusaciones no se limita a Rocha; el Departamento de Justicia de EU ha extendido sus señalamientos a Enrique Inzunza, senador de Sinaloa, a Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y a Dámaso Castro, vicefiscal sinaloense, además de otros funcionarios. Esta red de acusaciones pinta un cuadro de presunta infiltración criminal en la estructura estatal de Sinaloa que, desde MÁS CONTEXTO, no podemos pasar por alto.
La defensa de Rocha y la ‘conciencia tranquila’ en medio de la vigilancia
Tras la divulgación de estos señalamientos desde las autoridades estadounidenses, Rubén Rocha ha defendido su inocencia de manera pública y ha solicitado licencia por 30 días a su cargo de gobernador. Esta decisión fue tomada, según sus propias palabras, para “facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)”. De acuerdo con la información proporcionada por la presidenta Sheinbaum, Rubén Rocha permanece en Sinaloa y se encuentra bajo la vigilancia de elementos de la Guardia Nacional. Su postura personal es de firme negación: “Tengo la conciencia tranquila. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó Rocha en un mensaje emitido el pasado 1 de mayo. Nuestra lectura es que, aunque la licencia y la vigilancia buscan generar una percepción de colaboración, no disipan las serias interrogantes sobre la gobernanza y la integridad institucional de Sinaloa ante imputaciones de esta magnitud. La exigencia de pruebas y documentos a EU por parte de la FGR, mencionada en el texto fuente, subraya la complejidad de la investigación y la necesidad de una postura más proactiva del gobierno mexicano en su conjunto.
Desde MÁS CONTEXTO, observamos que este episodio no es meramente un incidente aislado de la UIF, sino un indicador de la compleja relación entre la inteligencia financiera, la transparencia gubernamental y las acusaciones transnacionales de crimen organizado. La ambigüedad en la respuesta presidencial y el “no conocimiento” ante una situación de tal relevancia exigen una reflexión profunda sobre los controles internos y la comunicación en las más altas esferas del poder. ¿Estamos ante un caso de compartimentación extrema o de una desconexión institucional que podría tener consecuencias graves para la credibilidad del Estado? Consideramos esencial que se emita un informe pormenorizado y transparente que aclare la situación de las cuentas y el alcance de las investigaciones, evitando que la opacidad genere un caldo de cultivo para la especulación y la desconfianza ciudadana.
