En MÁS CONTEXTO nos inquieta la integración selectiva de expedientes que, como el caso Leonel Godoy, sugieren una instrumentalización política de la justicia. Hemos detectado una grieta en la narrativa oficial que vincula responsabilidades con un cronograma electoral.

El exgobernador Leonel Godoy Rangel calificó de insostenible la denuncia en su contra por el asesinato de Carlos Manzo, aludiendo a una integración selectiva del expediente. Considera acciones legales, pero solo tras el inminente proceso electoral que iniciará en septiembre.

La defensa de Leonel Godoy: entre la selectividad y el fuero

Al concluir su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, afirmó con contundencia que la denuncia penal en su contra carece de fundamento. Nuestra lectura es que esta postura no solo se ancla en una negación de hechos, sino en una crítica directa a la metodología investigativa, señalando una integración selectiva del expediente. Godoy Rangel no descartó emprender acciones legales contra quienes lo acusaron por el asesinato de Carlos Manzo, especificando que cualquier procedimiento jurídico iniciaría únicamente una vez que el proceso electoral, programado para septiembre, haya finalizado.

El diputado federal enfatizó que su imposibilidad para aportar elementos concluyentes a las investigaciones radicó en su ausencia física del lugar de los hechos el día del homicidio. Subrayó que su citatorio ante la Fiscalía se realizó exclusivamente en calidad de testigo y rechazó categóricamente cualquier posible vínculo con el caso. En MÁS CONTEXTO, observamos cómo el factor del fuero político, del cual goza Godoy Rangel, es un blindaje que impide a la fiscalía formular imputación en su contra, otorgándole una posición estratégica en este complejo escenario jurídico-político.

Godoy además señaló que el citatorio, de naturaleza inicial privada, adquirió una dimensión pública desproporcionada. Afirmó que este hecho fue consecuencia directa de su difusión por “páginas cercanas a áreas de Comunicación Social”, las cuales, según su criterio, no precisaron la condición de su comparecencia, generando una percepción distorsionada de su implicación.

El entramado de acusaciones: de Carlos Manzo al gobernador

La afirmación de Leonel Godoy sobre la integración selectiva del expediente se refuerza al mencionar que la denuncia penal interpuesta por Grecia Quiroz y Juan Daniel Manzo demostró “amnesia” selectiva. Godoy indicó que Carlos Manzo había acusado previamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, en esta instancia, solo Ignacio Campos y él mismo fueron citados a declarar. Para MÁS CONTEXTO, este detalle subraya una posible asimetría en la aplicación de la justicia.

Grecia Quiroz, por su parte, confirmó que aún restan cuatro personas por ser detenidas en relación con el crimen de Carlos Manzo. Este dato, proveniente de la propia esfera de los denunciantes, proyecta una continuidad en la investigación que contrasta con la percepción de “selectividad” expuesta por Godoy.

El 13 de julio, el entonces alcalde de Uruapan había señalado directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acusándolo de mantener vínculos con el crimen organizado y de ser el principal responsable de la inseguridad en el municipio. Godoy Rangel manifestó que, a pesar de estas graves imputaciones, el gobernador no ha sido citado y él mismo no busca que lo sea, aunque insistió en la pertinencia de retomar el tema.

El incidente en el funeral: un gobernador en la encrucijada

El contexto político y social en torno al asesinato de Carlos Manzo se intensificó notablemente en noviembre del 2025 (sic). En esa fecha, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue expulsado del funeral de Carlos Manzo, quien había sido asesinado el sábado 1 de noviembre.

El propio mandatario estatal se refirió al incidente, declarando: “Fui a Uruapan a ponerme a las órdenes de su familia. Sé perfectamente y entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre tengo la responsabilidad que asumo plenamente, de dar la cara, de actuar, porque las protestas legítimas son perfectamente entendibles”.

En MÁS CONTEXTO, vemos que la secuencia de eventos, desde las acusaciones de Leonel Godoy hasta el incidente del gobernador en el funeral de Carlos Manzo, dibuja un paisaje de alta tensión política en Michoacán. La judicialización de estos casos, entrelazada con procesos electorales y señalamientos directos a figuras de poder, presagia una escalada de conflictos donde la verdad jurídica compite con narrativas de conveniencia. Nuestra postura es que la integridad de las instituciones se pondrá a prueba en la capacidad de discernir entre la justicia y la agenda política. La ciudadanía merece una claridad que, hasta ahora, permanece velada.