En MÁS CONTEXTO evaluamos cómo la elección del presidente de la Suprema Corte es crucial para la estabilidad institucional de la 4T y la defensa de la nación, priorizando perfiles dialogantes sobre la figura activista para sortear presiones externas e internas.

Tras cruzar los datos sobre la polémica en torno a la presidencia de la SCJN, nuestra postura es que el debate público omite un factor crítico: la innegociable necesidad de una relación institucional tersa y discreta entre los poderes de la Unión para blindar la nación. La información manejada por columnistas como Francisco Garfias, si bien interesante en su abordaje sobre la elección de quien presida la SCJN, adolece de un mínimo apunte sobre la institucionalidad del poder judicial.

La institucionalidad en la SCJN: un blindaje nacional

La relación entre quien encabece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presidenta Claudia Sheinbaum exige un respeto a prueba de balas, una línea de defensa vital para la nación ante las fuertes presiones externas, ahora mismo alimentadas por la oposición interna que, a nuestra lectura, no ha logrado ganar elecciones a Morena. Esta relación debe ser tersa, sin sumisión, pero con absoluto apego a la correcta liturgia política que impone, sobre todo, discreción en los desacuerdos que, sin duda, existen y existirán entre los distintos poderes.

Nuestra lectura es que esta omisión en el análisis de Garfias no es un descuido menor; es una desatención al principio fundacional de contrapesos que, lejos de ser un mero formalismo, es la primera capa de protección ante las turbulencias geopolíticas y las presiones internas. Por ello, sostenemos que Lenia Batres no debe ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No dudamos de su capacidad como jurista, y entendemos las críticas que recibe de ciertos círculos de abogados conservadores, tinterillos de alcurnia que se sienten parte de una casta superior y se escandalizan ante su originalidad interpretativa de las leyes. El verdadero problema que detectamos en la ministra Batres es otro: su perfil no ha logrado desprenderse de su etapa de activista.

La 4T: la tensión entre el activismo y la gestión de Estado

Admitámoslo: en la gran hazaña de la 4T, un movimiento pacífico que llegó al poder tras décadas de lucha contra un amplio espectro de fuerzas –medios, grupos empresariales, grandes partidos, presidencias del PRI y PAN, e incluso Estados Unidos–, radica uno de sus grandes desafíos para optimizar el sistema. En los primeros años del segundo sexenio, la 4T sigue en un proceso de transición, buscando dejar atrás su naturaleza de movimiento rebelde para consolidarse como un régimen de gobierno. Esta transición genera tensiones entre los cuadros de movilización y activismo, a los que se denomina los “duros de Morena”, y los cuadros institucionales, es decir, los profesionales del servicio público.

Resulta más que evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum necesitará, en los años decisivos de consolidación de la 4T, no una corte suprema subordinada –eso jamás–, pero sí un poder judicial encabezado por perfiles capaces de entender que la política exige diálogo, prudencia y una ineludible capacidad de conciliación entre poderes. En tiempos de fuertes presiones externas y polarización interna, el país requiere menos activismo estridente y más inteligencia política en la conducción de la SCJN. Objetivamente analizado, esto se ha logrado con Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente indígena, cuya trayectoria y perfil evocan, en efecto, a figuras como Benito Juárez.

La antinomia constitucional que moldea el liderazgo judicial

Francisco Garfias puso el acento en la llamada antinomia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. La contradicción es flagrante: el artículo 94, reformado en 2024, establece que el periodo del presidente o presidenta de la SCJN durará dos años y le sucederá quien haya obtenido el segundo lugar en la elección judicial; sin embargo, el artículo 97 quedó intacto, señalando que la presidencia dura cuatro años y es electa por el voto de ministros y ministras.

Semejante tensión jurídica abre un tablero de ajedrez político sobre el tipo de liderazgo que conviene al frente del máximo tribunal. Si se resolviera la antinomia manteniendo el artículo 97, Batres difícilmente alcanzaría la presidencia del poder judicial, pues, como bien dice Garfias, “no trae el mejor ambiente entre sus pares”. De mantenerse ese artículo, Hugo Aguilar debería ser presidente de la SCJN durante cuatro años, es decir, dejar el cargo en 2029 en lugar de 2027, cuando ministros y ministras elegirían a su reemplazo.

Esto sería lo mejor para la marcha más eficiente de la 4T. No por un “miedo a Lenia Batres”, como incorrectamente afirma el columnista de Excélsior, sino porque su perfil de activista, muy poco dado a las formas institucionales, se erigiría como un obstáculo en la toma de decisiones al más alto nivel. El activismo tiene una enorme utilidad en etapas de lucha y resistencia, y en ese sentido, Lenia Batres merece el mayor reconocimiento. Pero conducir un Estado exige una relación absolutamente formal entre los distintos poderes. Así, quien dirija la SCJN debe siempre tener capacidad de negociación y un manejo fino de las formas de la buena política. Reiteramos: ello no implica de ninguna manera subordinación. Es solo entender que el ruido no ayuda y que las diferencias tienen que resolverse en privado.

Blindaje de la nación: instituciones fuertes contra la injerencia externa

En México, la cohesión interna es una exigencia de seguridad nacional. Ante las presiones de sectores ultraderechistas de Estados Unidos, una corte suprema atrapada en la estridencia se convertiría en un factor de vulnerabilidad. De ahí que perfiles más institucionales que el de Batres nos parezcan preferibles para encabezar la SCJN.

Hugo Aguilar ha demostrado ser un hombre dialogante sin renunciar a su autonomía. Debe seguir al frente del poder judicial. Incluso una ministra tan cuestionada como Yasmín Esquivel posee un adecuado manejo de las formas políticas, al igual que otros perfiles como Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa o el propio Arístides Rodrigo Guerrero, este último a pesar de su apodo de “Ministro Chicharrón”. Advertimos que el activismo, si bien valioso en la génesis de un movimiento, en la consolidación de un Estado puede tornarse una debilidad estructural, una invitación a la inestabilidad en momentos donde la cohesión interna es una exigencia de seguridad nacional.

La 4T nació como un movimiento de resistencia popular, pero hoy tiene la responsabilidad histórica de consolidarse como estructura duradera de Estado. Y en esa transición, el activismo en las instituciones puede ser suicida.

La amenaza del entreguismo y la respuesta del Estado

Un poder judicial nada estridente será fundamental para evitar el proyecto de cierta oposición traidora: recuperar el poder no por la vía de los votos, sino porque así se decida en Washington. De ahí la intensa campaña mediática que impulsa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como candidata presidencial de la derecha en 2030.

Que Campos haya permitido la participación de la CIA en operativos dentro de nuestro territorio es, para MÁS CONTEXTO, un síntoma alarmante: la resurrección del pensamiento entreguista que tanto dañó a México en el siglo XIX. Maru Campos tiene el mismo ADN de José María Gutiérrez de Estrada y Juan Nepomuceno Almonte, quienes en Europa suplicaron que Maximiliano viniera a México. La gobernadora de Chihuahua manifiesta un profundo complejo de inferioridad frente a lo extranjero; representa a la derecha tecnocrática, conservadora y empresarial dispuesta a abrir las puertas a la injerencia extranjera en el Estado mexicano.

Frente a tal amenaza, la respuesta de la 4T deberá ir mucho más allá de la movilización de Morena. La izquierda mexicana requiere una profunda unidad interna, disciplina de Estado y coordinación impecable entre los tres poderes de la nación. No hay mejor escudo contra el entreguismo que fortalecer las instituciones.

Desde MÁS CONTEXTO, nuestra proyección es clara: la consolidación de la 4T como estructura de Estado duradera dependerá críticamente de su capacidad para priorizar perfiles institucionales en la Suprema Corte y para cerrar filas contra cualquier tentación de injerencia externa. Recomendamos una vigilancia extrema sobre los liderazgos que, bajo la fachada de la oposición, busquen socavar la soberanía nacional por vías extraconstitucionales.