Padres de normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos en la caseta de Tlalpan por una revisión policial, denunciando criminalización y obstaculización de su movilización mensual de protesta, que llevan realizando por 141 meses, por la desaparición de sus hijos.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta la sistemática criminalización de las familias de Ayotzinapa, evidenciando un patrón estatal de represión en lugar de justicia. Hemos detectado una grieta profunda en el discurso oficial sobre derechos humanos frente a la realidad operativa.

Bloqueo estratégico en Tlalpan

Cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México bloquearon los autobuses de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan, justificando el requerimiento de revisión.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos que los acompañaban, se opusieron a esta exigencia. Los vehículos provenientes de Ayotzinapa, Guerrero, que se dirigían a su movilización mensual en la capital, enfrentaron un amago de revisión con perros adiestrados en detección de explosivos. La marcha, que se realiza cada mes, hace una pausa en el Antimonumento +43 para un pase de lista de los estudiantes, hasta culminar con una manifestación en el Hemiciclo a Juárez.

El antecedente del “protocolo de seguridad nacional”

La justificación para la revisión de los autobuses de los normalistas esgrimió un “protocolo de seguridad nacional”, sin una orden judicial específica.

La aplicación de este “protocolo de seguridad nacional” había sido utilizada el 8 de junio anterior, cuando supuestamente se localizaron 59 artefactos explosivos en uno de los camiones en los que viajaban normalistas. Este incidente impidió el acceso a los padres durante una semana, coincidiendo con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, momento en que pretendían llevar a cabo movilizaciones. Nuestra lectura es que esta narrativa de “seguridad nacional” es un velo para la disuasión política, no un protocolo operativo legítimo dada la ausencia de un mandato judicial que lo avale.

Rechazo y mediación infructuosa de Gobernación

Los padres y madres de los 43 normalistas se negaron rotundamente a abrir las puertas y cajuelas de los vehículos, confrontando las demandas de las autoridades.

Para respaldar el requerimiento policial, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y la directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Claudia Galindo, acudieron a la caseta de Tlalpan. Ellos intentaron convencer infructuosamente a los padres de los jóvenes desaparecidos. Después de una hora y media de rechazo a la revisión policial, que se redujo a la inspección con perros policía fuera de los vehículos cerrados, los familiares de las víctimas y los normalistas que los acompañaban, superaron el retén policiaco para realizar sus actividades que cada mes llevan a cabo en la capital del país desde hace más de once años.

La voz de las víctimas: “Fue el Estado”

Las madres de los normalistas desaparecidos han manifestado que el Estado es el responsable de la desaparición y la falta de justicia, comprometiéndose a seguir denunciando.

Hilda Hernández, madre de Cesar Manuel González Hernández, expresó al hacer el pase de lista de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia por los asesinados y lesionados la trágica noche del 26 de septiembre de 2014: “Aquí seguimos y seguiremos, gritaremos lo que tengamos que gritar y denunciaremos lo que tengamos que denunciar, porque no tenemos a nuestros hijos, porque fue el Estado y sigue siendo el Estado”.

Exigencia directa a la presidenta Sheinbaum

Los padres emplazaron a Sheinbaum a exigir verdad, la entrega de folios militares y la investigación de presuntos involucrados, como Omar García Harfuch.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, reprobó la “criminalización” de los padres y madres, recordando a la presidenta Claudia Sheinbaum que las movilizaciones que realizan cada año se deben a “los nulos avances de la investigación”. Tras sostener que los responsables de la investigación han manifestado una “incapacidad” para resolver la desaparición de los normalistas, Navarrete emplazó a la presidenta Sheinbaum a que “exija, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, verdad, entrega de los folios al Ejército, que sí existen y que tienen que ser entregados para analizar toda la información que pueda tener ahí”. Navarrete también acusó a la mandataria de “proteger” a presuntos involucrados, exigiendo que “investigue igualmente al secretario Omar García Harfuch”, a quien hasta ahora “defiende a lo indefectible”.

La incongruencia del discurso oficial

El abogado Isidoro Vicario Aguilar del Centro Tlachinollan denuncia la falta de justificación legal para la retención y la violación de derechos fundamentales, evidenciando una contradicción entre el discurso y los hechos.

En entrevista, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa a los padres y madres de los 43, denunció que las autoridades capitalinas avaladas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, argumentaron que por ser un “protocolo de seguridad nacional” los autobuses tendrían que ser revisados. Señaló: “Les dijimos que eso no podía ser. ¿Cómo van a invadir la privacidad de los padres y madres en los autobuses? Si tuvieran una orden judicial, está bien, porque hay un mandato judicial, porque para que el juez autorice invadir la privacidad de un vehículo, una casa con una especie de cateo, la autoridad que investiga tiene que justificar por qué”. Cuestionó que, mientras el 8 de junio alegaron una denuncia anónima, ahora solo se hable de un protocolo de seguridad nacional, lo cual no es posible “al menos que haya sospecha razonable”.

El abogado señaló que los funcionarios no pudieron justificar sus razones para revisar los autobuses, sobre todo porque desde hace 141 meses, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y sus compañeros, realizan una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Para el abogado, la intentona de los policías capitalinos y los funcionarios de la Segob para revisar los autobuses “no tiene congruencia” con las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de que mantiene cercanía con los familiares de personas desaparecidas. “Nuestra postura es que esta acción es un ejemplo flagrante de cómo el aparato estatal usa justificaciones nebulosas para reprimir la protesta legítima, desdibujando la línea entre seguridad y contención social.”

Vicario Aguilar sostuvo: “Lo que hemos dicho con los padres y madres, que una cosa es el discurso, pero muchas veces el discurso no coincide con los hechos de las autoridades, si la presidenta dice que recibe a los padres y madres ¿cómo es que ahora no les permiten ingresar a la ciudad?”. Considera que se están violentando varios derechos:

• Derecho al libre tránsito: La retención obstaculiza su movimiento.
• Derecho a manifestarse: Se impide la realización de sus actividades programadas.
• Derecho de la libertad de expresión: Se limita su capacidad de alzar la voz.
• Derecho de acceso a la justicia: Las movilizaciones buscan avanzar en la investigación y encontrar la verdad para los 43.

La retención de las familias de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan es un recordatorio inequívoco de la persistente estrategia estatal de contención y criminalización de la protesta social. Los argumentos de “seguridad nacional” sin sustento judicial y la contradicción con los discursos de cercanía presidencial evidencian una doble moral que profundiza la herida de la impunidad. Recomendamos a los actores sociales redoblar la presión internacional y la visibilización de estos actos, pues la búsqueda de verdad y justicia para los 43 normalistas choca de frente con un aparato que prefiere el control a la rendición de cuentas. En MÁS CONTEXTO, observamos que sin una reforma estructural en la forma en que el Estado interactúa con las víctimas, la justicia seguirá siendo una promesa vacía.