El Partido Acción Nacional (PAN) anuncia acciones legales contundentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, escalando el conflicto a una solicitud de juicio político y denuncias ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional en La Haya.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta cómo la protección política a figuras acusadas por el crimen organizado socava la soberanía y desmantela la confianza ciudadana. Hemos detectado una grieta profunda en la narrativa oficial que exige una respuesta desde todas las esferas institucionales.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, ha delineado una serie de acciones legales de alto impacto contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien fue señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Acompañado en conferencia de prensa por figuras clave como Elías Lixa, coordinador de los diputados federales panistas, y Ricardo Anaya, líder de la bancada en el Senado, Romero Herrera afirmó la inquebrantable determinación de Acción Nacional para agotar “todos los recursos legales” y mantener “vigente la denuncia” como baluarte contra la impunidad.

Una de las movidas más significativas es el anuncio de que militantes panistas llevarán denuncias directamente a la Corte Penal Internacional, en La Haya. Estas denuncias están relacionadas con presuntos delitos de lesa humanidad. Nuestra lectura es que esta escalada a instancias internacionales no es una mera táctica política, sino un intento de redefinir la gravedad de las acusaciones, elevándolas a crímenes de impacto global.

Además, el PAN confirmó la presentación formal, el próximo miércoles, de una solicitud de juicio político contra Rocha Moya ante la Comisión Permanente. Esta acción legal busca no solo la separación del cargo, sino también la posible inhabilitación del mandatario. De manera simultánea, impulsarán la desaparición de poderes en Sinaloa, una medida extrema que subraya la gravedad de la situación. “Acción Nacional agotará todos los recursos que contemple la ley para impedir que exista impunidad. No vamos a permitir que exista impunidad”, sentenció Romero Herrera, reiterando el compromiso del partido.

Hemos evaluado que la acusación directa al gobierno federal de proteger a funcionarios vinculados al crimen organizado es un punto de inflexión, transformando un conflicto local en un cuestionamiento estructural del Estado de derecho. Romero Herrera acusó frontalmente al gobierno federal de blindar a funcionarios presuntamente involucrados con el crimen organizado, asegurando disponer de pruebas suficientes para proceder legalmente. El líder panista articuló una crítica feroz al desempeño de la autoridad, declarando: “Ante pruebas y ante la constatación de que hubo asociación entre gobernantes y crimen organizado, a la gente en México, Acción Nacional le dice: no hay peor traición del que juró ser servidor público y defenderte y que no solo apoya, sino que junto con, envenenen a tus hijos”.

Abordando las interrogantes sobre la soberanía nacional, Romero Herrera fue enfático al responder a cuestionamientos sobre la solicitud de extradición del mandatario sinaloense. Dejó en claro que, lejos de ser un atentado a la soberanía, la inacción de las autoridades mexicanas es lo que viola tratados internacionales. “¿Quién es está metiéndose con el Estado mexicano? Están pidiendo la extradición de alguien que una corte considera como un delincuente. El PAN apoya por completo la soberanía nacional”, afirmó, subrayando la postura del partido en favor de la justicia internacional cuando la nacional falla.

Elementos de Anaya y Lixa blindan la ofensiva legal contra Rocha Moya

Elías Lixa, por su parte, ratificó la larga data de las denuncias del PAN sobre la existencia de “narcopolíticos” en el país, calificando el caso de Rocha Moya como uno de los más palmarios. Precisó que la solicitud de juicio político se cimienta en los artículos 109 y 110 de la Constitución, con el objetivo primordial de la separación definitiva del cargo del gobernador de Sinaloa y su eventual inhabilitación para el servicio público. “Exigimos justicia en Sinaloa y que los narco gobernantes sean sancionados. Rocha Moya tiene que ser el primer caso de una lista que ha causado podredumbre en lo público en México”, puntualizó Lixa, marcando un precedente.

En su intervención, Ricardo Anaya no dudó en asegurar la existencia de elementos suficientes para iniciar procedimientos penales contra el gobernador de Sinaloa. Incluso, planteó con firmeza la necesidad de su extradición a Estados Unidos. “Por supuesto que hay pruebas y por lo tanto lo procedente es, primero, la detención inmediata de Rocha Moya basada en la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Segundo, que empiecen a correr los 60 días, que llegue el expediente y que se le extradite a Estados Unidos para que se le aplique todo el peso de la ley al narco gobernador”, declaró Anaya, delineando una hoja de ruta clara para la justicia.

A este mensaje en San Lázaro acudió una nutrida representación del partido, incluyendo a Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del PAN en la Ciudad de México, así como a los diputados locales capitalinos Daniela Álvarez Camacho, Andrés Sánchez, Claudia Montes de Oca, Andrés Atayde Rubiolo, Olivia Garza de los Santos, América Rangel Lorenzana y Lizeth Salgado, entre otros.

Y ahora qué sigue? El despliegue de estas acciones legales por parte del PAN no solo busca la inhabilitación de un gobernador, sino que traza una línea roja explícita: la complicidad con el crimen organizado, si probada, debe tener consecuencias que trasciendan las fronteras nacionales. Recomendamos a la ciudadanía una vigilancia crítica sobre la evolución de este proceso, pues sentará un precedente sobre la impunidad o la justicia en la alta esfera política.