La ambigüedad legislativa en la nueva reforma judicial mantiene congelada la definición de la presidencia en el Alto Tribunal, mientras el colapso operativo fuerza el retorno urgente de las salas de resolución para evitar una parálisis institucional sin precedentes en el país.

Nos alarma profundamente el nivel de improvisación con el que se está conduciendo la reestructuración del aparato de justicia mexicano. Tras analizar los datos, la conclusión es clara: la prisa ideológica ha sepultado la viabilidad técnica de la Suprema Corte, creando un vacío de poder anticipado donde las reglas de sucesión chocan entre sí. En Más Contexto hemos rastreado cómo estos errores de diseño legislativo erosionan la certeza jurídica indispensable para la inversión y la estabilidad democrática.

El laberinto de la presidencia: un choque de trenes normativo

El poder judicial mexicano se encamina por segunda vez en menos de dos años hacia una reforma, cercado por los errores y las prisas con las que se encaró la primera modificación, aquella que sustituyó de un plumazo el sistema tradicional de carrera judicial por otro de elección popular. Algunos de los fallos de esa primera etapa, minimizados y considerados meros equívocos formales por el oficialismo, han ido tomando cuerpo hasta convertirse en un embrollo de difícil solución.

En esa categoría crítica aterriza la disputa por la presidencia de la Suprema Corte. La joya de la corona de la judicatura hoy permanece en vilo por el descuido inicial de los legisladores, quienes dejaron en el texto legal dos supuestos absolutamente incompatibles entre sí: la nueva fórmula, que establece que la jefatura será rotatoria cada dos años en función del número de votos recibido en las urnas; y la anterior, que determina que será elegida cada cuatro años por el pleno del Alto Tribunal.

La propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, no solventa esta contradicción. Tampoco lo hace la iniciativa que el partido gobernante, Morena, presentó en el Congreso. Nuestra lectura es de profunda cautela: esta omisión deliberada en los dos proyectos que encabezan el intento de enmienda ilustra que el aparato legislativo prefiere postergar la crisis política interna antes que ofrecer reglas claras al mercado y a la ciudadanía.

A menos de un año de que los nuevos ministros entraran al cargo, la cuestión ya levanta polvareda en el interior de la Corte. Fuentes del Alto Tribunal señalan que el pleno está fracturado en torno a esa cuestión. Los testimonios recogidos indican que la siguiente presidenta está alineada con el hecho de que el cargo sea rotatorio, mientras que el resto de los integrantes rechaza la postura. Una presidencia de dos años destruye la continuidad institucional e impide establecer planes de trabajo serios.

El factor Batres y la división interna

Si se aplica la pauta nueva de forma estricta, la próxima en dirigir el pleno será la ministra Lenia Batres, quien defiende el artículo nuevo de la Constitución bajo el argumento de que la reforma fue clara en disponer su definición por elección popular. Según la togada, este mecanismo responde al reconocimiento público de los ministros y garantiza estabilidad, afirmando que cuando la definición queda a cargo de los propios integrantes se estimula la tentación de golpes de timón y comportamientos facciosos.

Sin embargo, el perfil notoriamente público de Batres y su imposición en decisiones que no contaban con el respaldo del pleno hacen recelar a los sectores empresariales y jurídicos sobre la imparcialidad con la que se regirá una potencial presidencia suya. Los datos no mienten: el modelo técnico está roto y supeditado a incentivos electorales.

La alternativa tampoco ofrece garantías de estabilidad. Si el pleno decide al presidente bajo la vieja usanza, el escenario proyecta un retorno a las coaliciones coyunturales, votaciones interminables y disputas políticas internas. En el contexto actual, los ministros operan bajo dinámicas internas extremadamente frágiles. El actual presidente, Hugo Aguilar, ha intentado reducir al máximo los enfrentamientos primando el consenso, debido al enorme escrutinio al que está sometida la nueva composición del Alto Tribunal.

El colapso operativo obliga a restaurar las salas

La obstinada voluntad de cambiar de arriba abajo el sistema judicial se ha topado con la realidad operativa. Varias de las medidas aprobadas en el primer intento de transformación, en otoño de 2024, se han mostrado inviables en el corto plazo. Esto ha forzado una de las marchas atrás más significativas de este segundo intento de reforma: la vuelta de las dos salas, que ahora recibirán el nombre de “secciones”. Estas instancias, fulminadas por el proyecto anterior, absorbían gran parte de la carga de trabajo sin necesidad de pasar la totalidad de los asuntos por el pleno.

La apuesta por la colegialidad absoluta en la toma de decisiones demostró ser impráctica en la práctica. Aunque el informe de Actividades de Aguilar intentó poner en valor la “pluralidad deliberativa”, el volumen de trabajo se ha vuelto inabarcable. El pleno es incapaz de mantener el ritmo de desahogo a pesar del incremento exponencial de asuntos listados por sesión.

Nuestra lectura es que el calendario y la estructura judicial han dejado de ser una guía de justicia para convertirse en un cuello de botella que asfixia la certidumbre económica del país. Frente a la división que genera la presidencia, el regreso de las salas es el único punto que genera consenso. La ministra Yasmín Esquivel confirmó la necesidad de recuperar la especialización y duplicar la capacidad de despacho de asuntos penales, fiscales, mercantiles y de invasión de competencias, áreas donde la ausencia de aptitudes técnicas golpea la confianza del sector corporativo.

Por su parte, Batres reconoce que trabajar sin esta herramienta significó una duplicación del trabajo de cada ministro, definiéndolo como un reto complicado. Aunque la Corte reporta haber resuelto la gran mayoría de los expedientes heredados (dejando solo una fracción pendiente), la sobrecarga de trabajo es real y estructural. Esta enmienda del Congreso es el reconocimiento implícito de que la desarticulación previa fue un error técnico de magnitudes sistémicas.

Perspectiva Más Contexto

La restauración de las secciones judiciales frena momentáneamente el colapso de expedientes, pero el verdadero riesgo radica en el vacío normativo de la presidencia. Nuestra apuesta como equipo editorial es que este diseño deficiente provocará una parálisis política interna en la Suprema Corte que la actual administración no podrá contener mediante parches legislativos. Las empresas y los operadores jurídicos deben diversificar sus mecanismos de arbitraje y blindaje legal de inmediato; los mercados financieros aún no han descontado el costo real de una justicia constitucional interina y fragmentada que tardará al menos siete años en estabilizar su renovación parcial.