La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demanda investigar el acuerdo de seguridad entre Chihuahua y Texas, firmado en 2022, para determinar si vulnera la soberanía de México. Su llamado surge tras la muerte de agentes estadounidenses y la controversia sobre operaciones estatales en la frontera.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta profundamente la opacidad que rodea el acuerdo de seguridad bilateral entre Chihuahua y Texas, un pacto gestado en 2022 que, a la luz de recientes eventos, evidencia una preocupante autonomía estatal en asuntos de soberanía nacional, forzando a la presidencia en turno a solicitar una revisión urgente de sus alcances y legalidad.

Sheinbaum demanda claridad sobre la soberanía fronteriza

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina del 22 de mayo de 2026 en Palacio Nacional, ha instruido que se analice y se investigue el acuerdo de seguridad firmado por los gobiernos de Chihuahua y Texas en abril de 2022. Expresó la necesidad de determinar “hasta dónde llega ese acuerdo”, “cuál es el alcance” y si es “violatorio de la soberanía o no”. Reconoció no haber leído el documento, pero enfatizó que deben ser las instancias pertinentes quienes lo analicen.

Nosotros consideramos que esta delegación del análisis a “las instancias” no es solo un procedimiento administrativo, sino un reflejo de la urgencia y la complejidad política que implica un pacto de esta naturaleza entre un estado federativo y una entidad extranjera, sin la aparente supervisión inicial de la federación.

La presidenta Sheinbaum también recalcó que, aunque las autoridades mexicanas colaboran con diversos gobiernos y buscan “los mejores ejemplos en el mundo para desarrollarlos”, esta coordinación y colaboración tienen “límites”. Su declaración resuena en un contexto de defensa de la soberanía por parte del Gobierno federal de México, que ha insistido en la cooperación con Estados Unidos sin injerencismo, especialmente tras la difusión de la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano.

La controversia en Chihuahua: agentes, inteligencia y una fiscalía en crisis

La demanda de Sheinbaum se produce en un momento de ebullición política en Chihuahua. Recientemente, dos agentes de Estados Unidos fallecieron en un accidente vehicular tras un operativo de seguridad que desmanteló un narcolaboratorio en el estado. Este incidente desató una serie de eventos, incluyendo la renuncia del entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a finales de abril de 2026, luego de que se difundiera la presencia de agentes de la CIA en México.

El Gobierno de Chihuahua ha defendido sus acciones, señalando que las autoridades federales estaban al tanto de las operaciones, una afirmación que ha sido rotundamente rechazada por la Federación. Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo una investigación para determinar si las autoridades estatales incurrieron en faltas a la Ley de Seguridad Nacional o a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra lectura es que esta investigación de la FGR no es un mero formalismo legal, sino una respuesta directa a una percibida afrenta a la autoridad central, evidenciando una fricción profunda entre esferas de gobierno que podría redefinir la relación federación-estados en temas de seguridad nacional.

Radiografía del acuerdo Chihuahua-Texas: puntos clave y su lectura

El acuerdo de seguridad entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el mandatario de Texas, Greg Abbott, se firmó el 14 de abril de 2022. Los puntos clave difundidos por el Gobierno de Chihuahua establecen un marco de “colaboración” en varias áreas.

Ambos estados se comprometieron a trabajar de manera colaborativa para asegurar que los vehículos que crucen los puertos de entrada internacional cumplan con las normas de seguridad aplicables a cada entidad. Asimismo, buscarán reducir el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo y otros narcóticos a lo largo y entre los puertos de entrada. Un punto crítico es la colaboración para detener el flujo de migrantes ilegales de más de 100 países que ingresan a Texas a través de Chihuahua, incluyendo la provisión de recursos para responder a “áreas de conflicto” identificadas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El acuerdo detalla que Chihuahua ha implementado y continuará ejecutando “mayores medidas de seguridad” en su frontera, tanto en los puertos de entrada como a lo largo del Río Grande, para prevenir la migración ilegal hacia Texas. Estas medidas incluyen una inversión tecnológica de “casi $200,000,000.00 millones de dólares” en la Plataforma Centinela, diseñada para rastrear vehículos desde su salida de parques industriales en Juárez hasta su cruce a Texas. Adicionalmente, Chihuahua está integrando tecnologías como drones para patrullar la frontera, bases de datos con inteligencia artificial para el registro de licencias de conducir y filtros biométricos para la captura de líderes de carteles. Finalmente, los estados trabajarán para restaurar un proceso de inspecciones en el cruce fronterizo que permita realizarlas de manera más rápida.

Hemos detectado que la “colaboración” detallada en el acuerdo se inclina peligrosamente hacia una asunción de responsabilidades que históricamente pertenecen al ámbito federal, lo cual, bajo nuestra perspectiva, es una cesión de control inadmisible sin una validación explícita del centro. La autonomía para desplegar tal magnitud de tecnología de vigilancia y el compromiso directo con una entidad extranjera en materia migratoria y de seguridad nacional es una atribución que, sin un escrutinio federal riguroso, podría sentar un precedente controvertido.

Nosotros en MÁS CONTEXTO advertimos que la resolución de este conflicto no solo sentará un precedente crucial sobre los límites de la autonomía estatal en materia de seguridad y relaciones internacionales, sino que también definirá el tono de futuras colaboraciones transfronterizas. La ambigüedad actual es insostenible; se requiere una clarificación urgente que reafirme la soberanía federal o, por el contrario, que reconozca una nueva dinámica en la gestión fronteriza.