Uber denuncia que operativos de la Guardia Nacional en el AICM y otros aeropuertos generan incertidumbre y multas de hasta 70 mil pesos, afectando a viajeros y conductores antes del Mundial 2026. La empresa exige modernizar las regulaciones de transporte terrestre.

En MÁS CONTEXTO, hemos detectado una grieta profunda entre la urgencia operativa del Mundial 2026 y la rigidez de normativas que criminalizan la innovación. La retórica de “seguridad” en aeropuertos esconde una amenaza directa a la experiencia del viajero.

Operativos de Guardia Nacional: un “clima de incertidumbre” latente

A solo dos semanas del inicio del Mundial 2026, Uber ha alzado la voz contra los operativos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), argumentando que estas acciones provocan un “clima de incertidumbre” que repercute negativamente en la experiencia de los visitantes y conductores. Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber, señaló que “vemos operativos de Guardia Nacional y vemos un clima, yo creo, de incertidumbre, que es lo peor que nos puede pasar en este contexto”.

Hemos observado que la inquietud se extiende más allá del AICM, afectando a otros aeropuertos clave como el AIFA, Cancún, Guadalajara y Monterrey, los cuales se preparan para una afluencia masiva de viajeros. La empresa subraya que la continuidad de estos operativos preocupa profundamente, especialmente ante la presión logística que generará el torneo global.

La contradicción judicial: multas de hasta 70 mil pesos

A pesar de que Uber sostiene contar con una suspensión definitiva que ampara a sus conductores para operar en terminales aéreas sin ser detenidos, la realidad operativa difiere. La Guardia Nacional mantiene operativos diarios que se traducen en severas sanciones económicas. Martínez advierte que las multas por recoger pasajeros en zona federal pueden alcanzar hasta 70 mil pesos.

En la presentación del estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026”, se detalló que las multas base por estas infracciones ascienden a 50,000 pesos. No obstante, al sumar los costos asociados a grúa y arrastre del vehículo, el monto total a pagar por el socio conductor puede escalar hasta los 70,000 pesos. Nuestra lectura es que estas multas, más allá de la legalidad cuestionable, son un disuasivo que erosiona la confianza del mercado y la promesa de una movilidad eficiente.

Estrategia legal de Uber: asesoría en sitio ante el hostigamiento

Para hacer frente a estas acciones, Uber ha implementado una estrategia de apoyo legal en sitio. La compañía ha desplegado al despacho JZG Abogados, con presencia física en las Terminales 1 y 2 del AICM, así como en el aeropuerto de Guadalajara. Su objetivo es brindar asesoría inmediata a los conductores al momento de ser interceptados por la autoridad, buscando contrarrestar lo que consideran detenciones arbitrarias y discriminatorias, que contravienen la protección judicial con la que cuenta la compañía.

Diego Martínez enfatizó: “Hemos pedido a las autoridades que pongan al usuario en el centro”. La conversación con las autoridades sigue su curso, buscando un espacio donde el ecosistema de movilidad pueda funcionar en paz y con total certidumbre para todos los actores.

El impacto en el viajero: una amenaza a la experiencia del Mundial 2026

La problemática adquiere una dimensión crítica al considerar el comportamiento de los viajeros modernos. El 81.4% de las personas que llegan a una nueva ciudad eligen Uber como su primera opción de movilidad. La falta de este servicio, o la incertidumbre sobre su disponibilidad, tiene un impacto directo en la decisión de los usuarios.

Un dato revelador es que el 50.9% de los encuestados reconsideraría asistir a estadios o “fan zones” sin la disponibilidad de Uber. “No se está poniendo al usuario al centro de la discusión”, lamentó Martínez, destacando la desactualización de las regulaciones actuales.

Regulaciones obsoletas: un lastre para la competitividad de México

Las regulaciones de transporte terrestre que rigen la operación en aeropuertos, según Uber, tienen 40 años de antigüedad. Este marco normativo, obsoleto, no contempla las nuevas modalidades tecnológicas y, por ende, es un factor limitante para la competitividad del país. Desde nuestra trinchera, la insistencia en regulaciones de hace 40 años no solo es anacrónica, sino que condena a México a una irrelevancia competitiva en la antesala de eventos globales.

La propuesta de Uber: diálogo para una certidumbre jurídica urgente

Ante la expectativa de 2.5 millones de viajes adicionales durante el mes del torneo, Uber ha instado al gobierno federal a cesar lo que califica como “acoso” sobre conductores y pasajeros. La empresa busca establecer una mesa de diálogo que permita modernizar la normativa de transporte terrestre en aeropuertos. El objetivo es claro: favorecer la competitividad de México y ofrecer certidumbre jurídica total a todos los actores involucrados, antes de que el balón ruede.

El AICM, por su parte, ha manifestado una intención de buscar un equilibrio entre los servicios de taxi tradicionales y las aplicaciones como Uber y Didi. Esta búsqueda de equilibrio, sin embargo, debe materializarse en un marco regulatorio funcional y equitativo que no penalice la innovación.

Caminar un kilómetro: el costo oculto para el pasajero

Un elemento adicional que revela la fricción actual es la condición impuesta a los pasajeros de Uber: tendrán que caminar casi un kilómetro para poder solicitar el servicio en el AICM. Esta medida, más allá de la incomodidad, subraya la falta de integración y la resistencia a las nuevas dinámicas de movilidad.

Nosotros, desde MÁS CONTEXTO, advertimos que sin un marco regulatorio moderno y un cese inmediato al hostigamiento, la imagen de México como anfitrión del Mundial 2026 corre el riesgo de verse empañada por la ineficiencia y la fricción. La solución no es prohibir, sino integrar y actualizar, o la promesa de 2.5 millones de viajes adicionales se convertirá en un cuello de botella reputacional.