Un centenar de personas irrumpió con violencia en el Congreso de San Luis Potosí para protestar por la “Ley Serrano” contra el uso de IA, forzando la suspensión del Pleno y provocando la evacuación de legisladores.
En MÁS CONTEXTO nos inquieta la escalada de violencia política en San Luis Potosí. Tras cruzar los datos, nuestra postura es que el incidente en el Congreso no es una protesta espontánea, sino una operación coordinada de desestabilización impulsada por intereses políticos específicos.
El detonante: reforma penal y la “Ley Serrano”
La protesta masiva en San Luis Potosí se originó por las recientes reformas al Código Penal que criminalizan el uso indebido de la Inteligencia Artificial, conocidas popularmente como “Ley Serrano”.
El texto fuente especifica que el contingente manifestó su rechazo a las reformas aprobadas al Código Penal de San Luis Potosí, las cuales sancionan el uso indebido de la Inteligencia Artificial. Esta legislación, bautizada como “Ley Serrano”, fue el catalizador directo de la irrupción violenta en el Congreso del Estado. Nuestra lectura es que la rapidez con la que una modificación legislativa derivó en esta clase de disturbios violentos expone una profunda fractura en el tejido político-social potosino, indicando que el descontento preexistente solo necesitaba una chispa para manifestarse con tal fuerza.
Actores clave detrás de la irrupción organizada
La movilización estuvo liderada por la abogada Natali Castillo Vera y articuló a un grupo diverso con conexiones a figuras políticas y grupos de choque, revelando una estructura premeditada.
La manifestación, que incluyó a cerca de un centenar de personas, no fue un acto fortuito. Desde antes de la sesión, un contingente partió de la Alameda “Juan Sarabia” hacia el edificio legislativo en la Plaza de Armas, con niños portando cartulinas. El grupo fue encabezado por la abogada Natali Castillo Vera, a quien se unieron funcionarios y empleados del Ayuntamiento de la capital, como Guadalupe Almaguer Pardo, ex titular de la Instancia Municipal de las Mujeres y actual asesora de Enrique Galindo Ceballos.
El texto identifica a esta fuerza como un “grupo de choque” integrado por:
- Comerciantes ambulantes
- Internos de centros de tratamiento contra las adicciones
- Taxistas enviados por el ex procurador estatal y dueño del extinto partido político Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat (tío de Natali Castillo Vera, según el texto).
Hemos detectado que la instrumentalización de grupos vulnerables como internos de centros de adicciones y la coordinación con figuras políticas como Óscar Vera Fabregat, cuya colectividad perdió su registro, sugiere una táctica de presión política que desvirtúa el espíritu de la protesta ciudadana, utilizándola como fachada para intereses más complejos.
El colapso de las barreras y la inacción de la fuerza pública
A pesar de la resistencia interna y el llamado de la diputada Sara Rocha Medina, las puertas del Congreso cedieron, evidenciando una falla crítica en la seguridad y una ausencia de respuesta externa.
La entrada principal del edificio legislativo fue blindada, pero los manifestantes intentaron derribar puertas de dos accesos alternos al Pleno. Durante varios minutos, cinco agentes de la Guardia Civil Estatal y el equipo de seguridad interna intentaron contenerlos. La presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha Medina, hizo un llamado explícito a la fuerza pública para garantizar la seguridad de los 27 legisladores presentes. Sin embargo, “no hubo eco en su petición”. Este fallo permitió la irrupción, llevando a que las curules quedaran vacías tras la entrada de los manifestantes al salón.
La situación degeneró en confrontación verbal entre legisladoras:
- La diputada del PVEM, Roxana Hernández Ramírez, denunció haber sido agredida por manifestantes alcoholizados y drogados. Recriminó con gritos a la diputada de Morena por “caer en el chantaje”.
- La diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, pidió un receso y exigió a Hernández Ramírez no criminalizar la protesta, también con gritos.
Voces dentro del Pleno y la amenaza de parálisis legislativa
Tras la irrupción, se permitió que un puñado de legisladores escuchara las quejas de periodistas y representantes, culminando con la amenaza de Natali Castillo Vera de escalar la protesta.
En un acuerdo con la presidenta de la Directiva, se permitió que un puñado de legisladores escuchara las quejas de los manifestantes. Hicieron uso de la voz:
- Los periodistas Anahí Torres, Omar Niño y Juan Pablo Moreno
- Representantes de taxistas
- Una persona representante de empleados estatales despedidos
La oradora final fue la abogada Natali Castillo Vera, quien se autoproclamó como la “voz de las y los oprimidos en San Luis Potosí”. Su intervención culminó con una amenaza directa: si la “Ley Serrano” no es derogada, tomarían “todas las sedes del Congreso para generar parálisis legislativa”, advirtiendo que “esto apenas empieza”. Al momento del informe, la sesión del Pleno continúa suspendida.
En MÁS CONTEXTO prevemos que la suspensión del Pleno y la amenaza explícita de parálisis legislativa no son el final de este conflicto, sino el preludio de una escalada. El Gobierno de San Luis Potosí enfrenta ahora la disyuntiva de ceder ante la presión de un grupo organizado o de reafirmar la autoridad del Estado, con el riesgo inminente de radicalización de las protestas si la “Ley Serrano” no es revisada. La inacción de la fuerza pública constituye un precedente peligroso que podría alentar futuras irrupciones violentas que socaven la institucionalidad democrática.
