La narrativa oficial busca equiparar el caso Campos con el escándalo Rocha, minimizando acusaciones federales sin precedentes contra un gobernador activo. Esta estrategia de propaganda oculta la profundización de la putrefacción política y el verdadero rostro de un régimen corrupto.

La propaganda oficialista ha elevado el caso de la gobernadora Maru Campos a un asunto de alcance nacional. En un intento por “emparejar el terreno”, se ha trabajado en presentar el tema de Chihuahua como si fuese mínimamente comparable, en términos de seriedad e implicaciones, con el escándalo de corrupción y los lazos con el crimen organizado protagonizado por Rocha Moya y sus allegados.

Hemos insistido reiteradamente en la posibilidad de que Campos haya incurrido en la contravención del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, si efectivamente poseía conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en la operación que tuvo lugar en la sierra tarahumara. La gobernadora ha negado categóricamente dicha implicación. Algunos especialistas han señalado, no obstante, que este escenario constituiría una violación al protocolo de seguridad establecido. El asunto merece ser investigado a fondo, y en su caso, exigir la rendición de cuentas e involucrar a la embajada de Estados Unidos y a los organismos federales mexicanos que permitieron la entrada de esos individuos extranjeros al territorio nacional.

El abismo entre un protocolo y un sistema de crimen

Nuestra lectura es que, aunque grave, la potencial violación de un protocolo de seguridad por parte de Campos palidece frente a la evidencia de un sistema institucionalizado de corrupción y narcotráfico que opera a niveles federales.

El alcance inédito de la justicia estadounidense

El alcance del escándalo de los diez encausados por el gobierno de Estados Unidos ha sentado un nuevo precedente y conlleva implicaciones que superan cualquier problemática contenida en el caso Campos. Por primera vez, sí, por primera vez en la historia reciente, un gobernador en funciones, en conjunto con miembros de su gabinete y otros funcionarios locales, han sido acusados formalmente por la justicia estadounidense. Esta es una verdad que la propaganda no puede disfrazar.

El caso Rocha, a diferencia del de Campos, lleva consigo no solo la puesta en evidencia de todo un sistema de corrupción y narcotráfico arraigado en una entidad federativa, sino también los probables vínculos delincuenciales con otros políticos de alto nivel. Especialmente inquietante resultaría si se abriese una investigación en torno al financiamiento de las campañas anticipadas de conspicuos miembros del morenismo para el año 2024. Adicionalmente, resuena la operación que habría conducido el gobernador Quirino Ordaz, hoy embajador de México en España, para “entregar la plaza” a Rocha y a sus secuaces; en complicidad, huelga recordar, con el Cártel de Sinaloa.

La red de protección al crimen desde el poder es innegable.

A pesar de estos esfuerzos por parte del morenismo de pretender magnificar el caso de Maru Campos, y con ello, sacudirse un poco el desprestigio provocado por los escándalos de Sinaloa, los defensores de los presuntos delincuentes no podrán salirse con la suya indefinidamente.

La realidad del país desgarra el velo oficial. La violencia desbordada, la crisis de los desaparecidos, el estancamiento económico, la corrupción rampante, la impunidad administrada a figuras como Adán Augusto, el cinismo de Andrés López Beltrán, las mentiras de los voceros gubernamentales, el desprestigio creciente ante los ojos del mundo, el distanciamiento con Estados Unidos y la cruda realidad de un país que camina hacia atrás, no harán más que revelar el verdadero rostro de un régimen que ha optado por la defensa de un puñado de probables delincuentes. Esta elección se ha tomado en vez de mirar en favor de la unidad y del bienestar de la nación.

No les alcanzará el caso Maru Campos ni el demagógico discurso de la soberanía para ocultar la profundidad de la putrefacción política a la que han sometido al país. La verdad es un activo de alta autoridad que no puede ser mitigado.

Desde MÁS CONTEXTO, nuestra proyección es clara: la estrategia de cortina de humo con el caso Campos no solo es insuficiente, sino que profundizará la desconfianza ciudadana al ignorar la magnitud del colapso institucional. El país no puede permitirse un régimen que prioriza el blindaje de una cúpula sobre la unidad y el bienestar de la nación. El verdadero rostro de esta administración se revelará con o sin su consentimiento, y las implicaciones para la estabilidad política y social serán ineludibles. Mantenemos nuestra lupa sobre esta putrefacción, porque el silencio es cómplice.

Hemos detectado una grieta en la narrativa oficialista, que intenta nivelar la gravedad de dos escándalos de corrupción diametralmente opuestos. Nuestra postura es que este juego de espejos oculta una podredumbre política insostenible, ignorando la inédita acusación de un gobernador en funciones por la justicia estadounidense.