La presidenta de México propone que políticos como Alito Moreno devuelvan activos en lugar de enfrentar cárcel, priorizando la recuperación económica sobre la retribución penal para figuras con fuero.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta cómo la máxima autoridad del país, Claudia Sheinbaum, está redefiniendo los pilares de la justicia penal en México, proponiendo la restitución del patrimonio robado como vía alternativa a la prisión para figuras políticas con fuero. Su postura, articulada en respuesta al frenado desafuero de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y exgobernador de Campeche, no solo es una declaración, sino una estrategia que merece un análisis profundo.

La controversia: ¿Devolver lo robado antes que la prisión?

Claudia Sheinbaum ha articulado una visión que prioriza la devolución de los bienes sustraídos sobre el encarcelamiento de los responsables. Su argumento central radica en la ineficacia percibida de la prisión: “Mejor que regrese lo robado, no es tanto si se detiene a una persona… tiene que demostrarse… es mejor que se regrese lo que se robaron… ya depende de la Fiscalía… se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona, no necesariamente tiene que ser desaforado… puede haber una salida alternativa, no necesariamente prisión…”. Desde nuestra perspectiva editorial, esta visión, aunque pragmática en la recuperación de activos para el Estado, establece un precedente ético y jurídico delicado que podría desdibujar la línea entre la justicia retributiva y la conveniencia política, abriendo la puerta a una percepción de impunidad negociada.

La presidenta ahonda en su razonamiento al señalar que los individuos encarcelados, tras cumplir su condena, a menudo “vuelven a gozar de lo robado”, invalidando el propósito punitivo. Un ejemplo que resuena, aunque no se nombra directamente, es el de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien evitó la extradición y reside en el Reino Unido. Este caso subraya la complejidad de la justicia transnacional y la dificultad de asegurar tanto la prisión como la restitución de bienes.

El fuero de Alito Moreno: un blindaje persistente

Alejandro Moreno, en su calidad de senador por el PRI, mantiene su fuero constitucional, una salvaguarda que ha frenado los intentos de desafuero iniciados desde la Fiscalía de Campeche. En 2022 y 2025, se intentó retirarle esta protección por acusaciones de presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. La persistencia de este blindaje, a pesar de las repetidas acusaciones, coloca un foco crítico sobre la funcionalidad del fuero en el sistema jurídico mexicano y cómo este puede obstaculizar la acción judicial.

Sheinbaum remite el desafuero a la FGR

Respecto a la situación legal de Alejandro Moreno, Claudia Sheinbaum ha manifestado que la decisión final recae en la Fiscalía General de la República (FGR), institución que considera independiente. Si la fiscal Ernestina Godoy determina que se debe proceder con el desafuero, la presidenta apoya dicha acción, si bien su opinión personal se inclina por la restitución de lo robado. Esta delegación de responsabilidad subraya la tensión entre la voluntad política y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.

Sheinbaum también ha recordado el caso del “Cártel Inmobiliario”, donde se ofreció a los implicados la oportunidad de devolver pisos de edificios. Sin embargo, en ese contexto, la restitución no fue suficiente para garantizar la libertad. Ante las críticas dirigidas a la FGR y al Poder Judicial por las trabas en los procesos, la presidenta insiste en que estas instituciones son las que deben ofrecer respuestas.

La réplica de Alito Moreno: amenazas y “narcopartido”

La respuesta de Alejandro Moreno a las declaraciones de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar, calificándolas de “amenazas”. Aseguró que existe una persecución política en su contra orquestada desde Morena, partido al que tachó de “narcopartido”. Moreno argumenta que estas acusaciones buscan distraer a la ciudadanía de los problemas nacionales más apremiantes y que no se va a callar, aludiendo a señalamientos de Estados Unidos sobre posibles vínculos de Morena con el crimen organizado.

Hemos detectado que la narrativa de Alejandro Moreno, al escalar a acusaciones de “narcopartido” y vincular a Morena con señalamientos de Estados Unidos, revela una estrategia de defensa que busca deslegitimar al adversario antes que abordar directamente las imputaciones sobre su patrimonio. Esta táctica de confrontación directa complejiza el debate y polariza aún más el panorama político.

Tras cruzar los datos, nuestra postura es que esta dinámica entre la restitución y la punición, enmarcada en el fuero político, no solo expone las debilidades del sistema judicial ante la corrupción de alto nivel, sino que también pone de manifiesto la aguda polarización que define el ejercicio político actual. La propuesta de Sheinbaum, aunque atractiva para la recuperación de activos, corre el riesgo de ser interpretada como una invitación a la “justicia a la carta” para los poderosos. ¿Estamos sentando las bases para un sistema donde la riqueza robada puede ser moneda de cambio para evitar la cárcel, o es esta una vía pragmática para la recuperación de activos que, de otro modo, se perderían? Es imperativo que la ciudadanía exija transparencia y un marco legal claro que evite cualquier sombra de impunidad, porque la justicia no puede ser un cálculo económico.