México instaló un antimonumento en la intersección de Paseo de la Reforma y Bucareli, conocido como “Aquí nadie olvida”, para denunciar el 98% de impunidad en crímenes contra la prensa, exigiendo justicia y condiciones laborales dignas para los periodistas asesinados y desaparecidos.

En MÁS CONTEXTO nos inquieta profundamente cómo la narrativa oficial de progreso choca brutalmente con la cruda realidad de un memorial de impunidad erigido por la sociedad civil. Hemos detectado una grieta abismal entre el discurso de protección y la cifra inaceptable de 219 periodistas asesinados y 35 desaparecidos desde el año 2000. Nuestra lectura es que estas cifras no solo exponen la vulnerabilidad del gremio, sino que representan un fracaso sistemático del Estado en su obligación de garantizar la libertad de expresión.

“Aquí nadie olvida”: La voz metálica del dolor

Un antimonumento fue colocado en la Ciudad de México, precisamente en la Esquina de la Información (Paseo de la Reforma y Bucareli), para honrar la memoria de los periodistas asesinados y desaparecidos en el país. Esta estructura fue instalada por organizaciones civiles, familiares, amigos y colegas del gremio, con el propósito innegociable de visibilizar que México se ha consolidado como una de las naciones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo sin estar formalmente en una guerra.

El memorial, bautizado como “Aquí nadie olvida”, busca ser un recordatorio constante para las autoridades y la sociedad sobre la grave situación que enfrenta la prensa. Su diseño, que combina elementos metálicos y vegetales, lo concibe como un espacio permanente de memoria y denuncia, trascendiendo la mera instalación para convertirse en un faro de exigencia de justicia.

La impunidad del 98%: Un fracaso sistémico

El antimonumento se erige como una denuncia explícita de los altos índices de impunidad que envuelven los crímenes contra la libertad de expresión. Nos referimos a una impunidad operativa del 98% en los casos de agresiones contra la prensa. Esta estadística lapidaria no es un dato aislado; es el síntoma de fallas sistemáticas en las fiscalías, una negligencia crónica en las investigaciones y la ausencia estructural de castigo para los autores intelectuales de estos crímenes. Los colectivos y familiares no solo exigen justicia penal, sino también que la violencia contra el gremio no caiga en el olvido, buscando que el memorial funcione como una “memoria viva” de quienes perdieron la vida en su labor informativa. La magnitud de la impunidad aquí señalada convierte a la protección de periodistas en una quimera operativa, más que en una política pública real.

Desde el año 2000, Propuesta Cívica ha contabilizado 219 periodistas asesinados y al menos 35 desaparecidos, lo que refuerza la peligrosidad del contexto mexicano para la profesión. Nombres como Francisco Pacheco, asesinado en Taxco, Guerrero, en 2016, y Moisés Sánchez Cerezo, periodista de Veracruz asesinado el 2 de enero de 2015, forman parte de este memorial, con la presencia activa de sus familias en la inauguración y develación, denunciando una justicia que sigue siendo esquiva.

La estrategia de visibilidad: mundial y memoria viva

La inauguración de este antimonumento coincide estratégicamente con el aniversario del homicidio de Manuel Buendía, un hito en la memoria del periodismo mexicano. Además, los organizadores han aprovechado la proximidad del Mundial de Fútbol 2026 para atraer la atención internacional. La aspiración es clara: que los millones de visitantes y los miles de corresponsales de la prensa internacional que arribarán al país conozcan de primera mano la grave situación de inseguridad y la “deuda de justicia” que enfrenta el periodismo mexicano. Esta maniobra demuestra una táctica inteligente para trascender las fronteras nacionales y colocar la crisis de la libertad de expresión en la agenda global.

La instalación del antimonumento se realizó sin contar con la autorización de la alcaldía Cuauhtémoc o alguna autoridad competente. Ante esta situación, un grupo de activistas y periodistas ha asumido la custodia del memorial para asegurar que no sea retirado, evidenciando la resiliencia y la determinación de la sociedad civil frente a la omisión institucional.

Más allá del monumento: exigencias a medios y otros incidentes

El acto de instalación del antimonumento incluyó un llamado imperativo a los grandes medios de comunicación. Se les exige garantizar condiciones laborales dignas y establecer protocolos de protección efectivos para sus reporteros, subrayando que la responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino también en las empresas periodísticas que emplean a quienes arriesgan su vida.

Paralelamente, el contexto informativo del momento incluye reportes como la denuncia del Gobierno de Tecámac contra periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción por uso de un dron, un incidente que, aunque específico, denota la constante fricción entre el ejercicio periodístico y las autoridades. Asimismo, Volker Türk, en un contraste evidente con la realidad de impunidad denunciada, reconoció la protección a periodistas y defensores en México. Adicionalmente, se promovió una reforma en el Estado de México por Delfina Gómez, enfocada en fortalecer los derechos de los periodistas, lo cual marca una agenda legislativa que deberá ser observada con lupa. En otro frente noticioso, se documentó la celebración de más de 27 mil bajacalifornianos por el informe de Claudia Sheinbaum. Los datos también incluyeron la revelación de un sobreviviente del Rancho Izaguirre sobre el CJNG, indicando que este grupo asesinaba a 8 de cada 10 reclutados. Finalmente, la FIBA AmeriCup U18 de 2026 se perfila como un evento clave previo al Mundial, con León recibiendo a delegaciones de Estados Unidos, Argentina y Brasil.

El equipo de MÁS CONTEXTO observa que la persistencia de un memorial de esta magnitud, levantado sin autorización y bajo custodia ciudadana, es un signo inequívoco de una emergencia democrática que el país se niega a confrontar. La conjunción de cifras brutales, la inoperancia institucional y la demanda de la sociedad civil nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos antimonumentos más serán necesarios antes de que la justicia prevalezca y el periodismo deje de ser una profesión de alto riesgo en México? Urge una reingeniería profunda del sistema de protección y una voluntad política real para desmantelar las redes de impunidad.